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En días recientes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la convocatoria de un nuevo Congreso Constituyente integrado por 500 miembros de distintos sectores que constituyen las bases del movimiento chavista. Este anuncio provocó nuevas manifestaciones de la oposición política que, como las anteriores, derivó en muertos y heridos.
Con este anuncio Maduro desconoce de facto a la Asamblea Nacional —declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia— así como la competencia de los actuales partidos y organizaciones políticas en el nuevo proceso.
De llegarse a concretar, el gobierno de Maduro tendría pleno control sobre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, autoridades electorales, medios de comunicación y medios de producción del Estado, lo que se traduce en un fenómeno que se antoja extraño para el siglo XXI: la transición política de un sistema democrático a una dictadura. Este proceso inició en 1998 con la llegada de Hugo Chávez y se profundizó desde la llegada al poder de Maduro, en 2013.
¿Cuáles son los escenarios? Todavía en 2016, cuando la oposición política logró el número de firmas requeridas para llevar a cabo el referéndum revocatorio, se veía una posible salida constitucional a la crisis política. Después de obstaculizar el proceso, hasta vaporizarlo, para después desconocer a la Asamblea Nacional, quedó clara la intención del gobierno de Maduro: el poder no se negocia, ni total, ni parcialmente. El síndrome de Bashar al-Assad, que bajo esta máxima ha llevado a Siria al peor momento de su historia.
Los intentos de mediación internacional han tenido el mismo resultado. Una y otra vez el gobierno de Maduro ha utilizado estos esfuerzos para ganar tiempo. A la hora de la verdad se retira de la mesa o hace planteamientos que sabe inaceptables para la oposición. La convocatoria de una Asamblea Constituyente se tomó en el exterior como la culminación de un golpe de Estado técnico por parte del Ejecutivo. Antes de sufrir las consecuencias, Maduro anunció la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos.
Ningún gobierno autoritario se mantiene en el poder sin el apoyo de las fuerzas armadas. Maduro ha dicho que la oposición política está armada —cuando su mayor mérito ha sido la protesta pacífica y la lucha por el poder por las vías constitucionales—. Para controlar las manifestaciones ha mandado a las fuerzas del orden, con un saldo de decenas de muertos. Pero también está dispuesto a armar y enviar a las calles a las milicias bolivarianas. ¿Qué sucederá si la oposición no cede? ¿Dará Maduro luz verde a los milicianos para acabar con los opositores? ¿quién pondrá orden en ese escenario? ¿Quién controlará a las huestes bolivarianas?
Los intentos de mediación desde el exterior han resultado infructuosos. La presión política diplomática, vía la OEA o cualquier otro organismo, ya no parece viable. Estados Unidos, en la coyuntura actual, difícilmente tendría autoridad política y/o moral para presionar, a menos que suspendiera la compra del petróleo venezolano, poco probable. Rusia y China, quienes más influencia podrían tener por sus actuales vínculos económicos, no son precisamente paladines de la democracia. Sus preocupaciones son otras. Y Cuba prefiere mantenerse al margen, antes de verse obligado a sumarse al resto del hemisferio en este tema.
En Venezuela el único actor con capacidad para retomar el cauce institucional y evitar un baño de sangre es el ejército. Claro, esto implicaría darle la espalda a Maduro, ofrecerle una salida digna y sentarse con los principales actores políticos a negociar la hoja de ruta del retorno a la democracia. Así como en España en 1981 el rey salvó a la democracia de una intentona de golpe de Estado, en la Venezuela actual todo indica que sólo el ejército puede evitar la caída al precipicio.
Especialista en temas de seguridad
y política exterior
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