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El pasado fin de semana fueron brutalmente asesinadas cinco personas en un departamento en la ciudad de México. Entre ellos el fotoperiodista Rubén Espinosa (31) y la antropóloga y activista social Nadia Vera (32). En lo que hace a periodistas asesinados en México, Reporteros sin Fronteras habla de 88 casos desde el año 2000, lo que ubica a México en el lugar 148 de 180 países, lo que indica que en 147 países los periodistas encuentran condiciones más seguras que en México para ejercer su profesión.
José María Luis Mora, el ideólogo liberal más importante del siglo XIX, escribía en medio de la turbulencia que siguió a la independencia: “El pueblo mexicano ama y desea tenazmente la libertad; pero por ciertas contradicciones e inconsecuencias que se advierten en su carácter nacional está tenazmente adherido a instituciones y prácticas esencialmente incompatibles a ellas”. Pareciera que las cosas, 180 años después, no han cambiado mucho.
Dada la recurrencia de periodistas asesinados, el Congreso mexicano aprobó en 2012 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A la fecha ninguno de los casos de periodistas asesinados ha sido resuelto.
Sobre lo dicho por Mora en el siglo XIX, Enrique Krauze comenta que el liberal mexicano “estaba convencido de que la vía mexicana al progreso no estaba en garantizar la libertad individual mediante las leyes, sino en reformar a la sociedad desde su base para que la libertad individual adquiriese algún significado”.
¿Qué significado puede tener la libertad individual, y en este caso la libertad de prensa, cuando ninguno de los asesinatos se resuelve y los responsables quedan impunes? Y todo a pesar de las movilizaciones y el creciente reclamo vía redes sociales, que no existían en el siglo XIX.
¿Qué puede explicar este homicidio múltiple? ¿Robo? ¿Qué podrían tener de valor en el departamento jóvenes que vivían en niveles de sobrevivencia como para justificar asesinarlos a todos? Desafortunadamente para el gobernador Javier Duarte, los 17 asesinatos de periodistas en Veracruz no resueltos —según la organización Article 19— y las pruebas de hostigamiento en contra de Rubén y Nadia en su estado, ponen a su gobierno en la mira.
Si bien el homicidio es un delito del fuero común y territorialmente este caso corresponde resolverlo a las autoridades del Distrito Federal, por la brutalidad del asesinato y por la trayectoria de dos de las víctimas, el tema adquiere otra dimensión.
Legitimidad no es necesariamente sinónimo de legalidad. Porfirio Díaz inauguró lo que algunos llaman la ritualización de la legalidad. Esto es, aparentar un estricto apego a la ley cuando en realidad todo se resolvía por los poderes fácticos. Frase como “llegaremos hasta las últimas consecuencias” y “aplicaremos todo el peso de la ley” son recurrentes cuando suceden hechos lamentables como este múltiple homicidio. Pero sin resultados no hay credibilidad. Sin credibilidad, no hay legitimidad, ni para las instituciones ni para sus responsables, sin importar qué tanto se sustenten en la legalidad.
De nuevo estamos frente a un caso que pone en entredicho la credibilidad de las instituciones responsables de la aplicación de la ley y, por tanto, la legitimidad de quienes las dirigen. El tema impacta a las autoridades de la ciudad, a las autoridades federales, por sus secuelas y, muy particularmente, al gobierno de Veracruz, por sus antecedentes en este episodio. Un caso más para ganar credibilidad y legitimidad, o para permitir que ésta se siga demeritando. Nuestra solidaridad para las víctimas y sus familias, y nuestro pesar por una marca más en nuestro expediente de país violento.
Director de Grupo Coppan SC.
lherrera@coppan.com
