En el último lustro del siglo pasado tuve el privilegio de servir como cónsul general de México en San Diego, California. En esos tiempos nos devolvían cada noche al menos 2 mil indocumentados mexicanos por esa frontera. Era la época en que el crimen organizado trasnacional operaba con gran intensidad en la zona, lo que exigía continua cooperación entre autoridades de los dos países. Algunas lecciones aprendidas.
La primera y quizás la más importante, fue que la cooperación respetuosa y de mutuo beneficio si era posible. Usualmente la cooperación surgía de situaciones específicas que de no haberse atendido conjuntamente hubieran provocado conflictos mayores entre los dos países: secuestros transfronterizos, traficantes de personas, francotiradores fronterizos y, de otro tipo, como incendios, inundaciones o accidentes ecológicos, que impactaban en ambos lados de la frontera.
Las historias de éxito cumplieron varias condiciones. La primera, un objetivo compartido, claro y acotado. La segunda, la comunicación ágil y continua entre responsables para encontrar la solución al problema. La tercera, contar con el apoyo y la confianza de las autoridades centrales; que nos permitieran hacer lo que debíamos hacer. Por último, no solo debíamos compaginar leyes y protocolos de los dos países, sino asegurarnos que todos los participantes fueran confiables, en sus habilidades y en sus intenciones. En cada caso se definían lo que le tocaba hacer a cada parte y un líder responsable de cada lado.
Aprendí que había en San Diego funcionarios y operadores profesionales y respetuosos, que contaban con recursos y habilidades muy superiores a los nuestros, pero que no por ello pretendían imponer soluciones o “adueñarse” de los operativos. Por el lado mexicano también encontré funcionarios responsables y comprometidos, aunque nuestra principal debilidad —y esto no ha cambiado mucho— era nuestro andamiaje institucional y los bajos niveles de coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, lo que limitaba nuestra capacidad de respuesta.
La segunda fuga de Guzmán Loera nos coloca ahora en un nuevo escenario de la cooperación binacional. Existe la versión de que su captura, en febrero de 2014, la concretaron agentes de la DEA y de otras dos agencias de EU, utilizando para ello uniformes y equipamiento de la Armada de México. El operativo resultó exitoso. Su nueva fuga ha provocado distintas reacciones en Washington. Frustración, en primer término. Decepción, por la ineficacia institucional mexicana. Y suspicacia, por lo que hace a la posible colusión de autoridades mexicanas en esta escapatoria.
Esta nueva situación puede llevar a incrementar las presiones para una mayor presencia de autoridades estadounidenses en operativos en México. Dos temas aparecerán en la mesa. Primero, los falsos dilemas de la soberanía: “nosotros podemos, no necesitamos a los gringos”. Sin embargo, la tesis de que a mayor cooperación binacional mayores ventanas de vulnerabilidad y de intromisiones no deseadas, pierde fuerza y consistencia. Un Estado fuerte debe ser capaz de elevar sus niveles de cooperación internacional sin perder claridad de miras y autonomía en sus decisiones. Para ello requiere de objetivos, reglas y liderazgos claros, acordados por ambas partes.
El segundo reto consiste en armar un esquema de cooperación que dependa de su confiablidad y eficacia, a sabiendas de que el crimen organizado cuenta con redes de complicidad de autoridades en ambos lados de la frontera, lo que exige un trabajo de contrainteligencia continuo y permanente para blindar las investigaciones y la información sobre los operativos. Este proceso no será un transitar sencillo, pero en los escenarios actuales difícilmente encontraremos otras opciones, ¿o me equivoco?
Director de Grupo Coppan SC.
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