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El principal instrumento de política económica es el presupuesto del gobierno.
Reúne una enorme cantidad de recursos y éstos, cuando son bien dirigidos, cuando siguen un plan de mediano y largo plazo, con objetivos específicos y prioridades estratégicas, realmente pueden lograr cambios importantes en la historia y en el desarrollo de un país.
En cambio, cuando se convierten en rentas para grupos que se los apropian cada año, para gobernadores que los despilfarran y los utilizan para beneficio propio o pseudo-empresarios que viven de rentas presupuestales en complicidad con las autoridades, entonces ese instrumento, el más importante para lograr cambios y acelerar el desarrollo en el país, se pierde. Y si sucede cada año, el resultado es un instrumento perdido, estéril, que enriqueció a individuos, a ciertos grupos, y que sirvió para mantener lealtades y carreras políticas. De nuevo este instrumento tan importante se extravía y, traicionando a la historia, se usa para ganar simpatías a cambio de prebendas.
Una vez más, como cada año, existe la posibilidad de redimir la política económica y de aplicar los recursos como lo requiere el país, su historia, el futuro y la población. Es cierto que errores anteriores y malversación de recursos han reducido el margen de maniobra, comprometiendo el gasto y disminuyendo los montos que pueden dirigirse a cambios reales en la calidad de vida, a lograr un futuro más prometedor para la población.
Pero, hay margen y hay prioridades. Salud e infraestructura lo son, igual que educación y capacitación para hacer frente a los retos que plantea la inteligencia artificial; se requiere una estrategia para inducir inversión y absorber a los millones de adultos y jóvenes que requieren empleo.
Es indudable que requerimos con urgencia un sistema fiscal más justo que propicie la inversión y que, sin consideraciones políticas, deje de subsidiar el gasto de los que más tienen. Hay que establecer mejores impuestos indirectos.
Por lo pronto, veremos un presupuesto que en 2018 se irá a mayor pago de intereses de la deuda, de pensiones, y a otorgar recursos a gobiernos estatales que lo despilfarrarán; veremos incrementar fortunas personales y cómo una parte del presupuesto se usa para prebendas.
Necesitamos eliminar el rentismo que solo beneficia a diversos clientes sectoriales, regionales y gremiales, que alimentamos con nuestros impuestos. Sí, el reto más importante seguirá siendo el gasto, su estructura, su calidad y alinearlo con una estrategia de desarrollo y de bienestar.
Un paso sencillo y urgente, para iniciar la rectificación de errores, es incrementar el sueldo de los empleados públicos federales, ojalá que en todos los niveles. En 2018, un gasto adicional a la inflación esperada, de solo 25 mil millones de pesos, que representa 0.5% de un presupuesto de más de 5 millones de millones, permitiría un incremento real de casi 5%.
Castigar los sueldos, como se ha hecho, reduce la eficiencia, incrementa la frustración, da lugar a la búsqueda de pagos extraoficiales, a todo tipo de corrupción, a despotismo, a caída en la productividad, y tal vez, lo más grave, mucho más grave, a la pérdida de capital humano en la maquinaria gubernamental.
Hoy se ha perdido el orgullo y la dignidad de ser un empleado del gobierno. No parece que en general, tengamos verdaderos servidores públicos, con una pasión por mejorar el país, por cuidar el gasto, por ver su aplicación, trabajando por el bien común. En cambio, se les ha orillado a buscar otras formas para sobrevivir, a buscar o aceptar sobornos, desde las ventanillas de trámites y hasta los grandes proyectos de infraestructura y compra de bienes y servicios.
Con veinticinco mil millones de pesos podríamos iniciar la mejora de los sueldos. Iniciemos en 2018 un cambio en la dignidad de nuestros servidores públicos cuya arrolladora mayoría es honesta y celosa de sus funciones. Iniciemos en el gobierno federal. Es menos del monto que se adjudican los diputados para moches.
Director del Centro de Estudios del Sector Privado
