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El cambio de secretario de Hacienda requiere algunas reflexiones sobre la política propuesta en estos últimos meses por el ex secretario Videgaray y la continuidad anunciada por el secretario Meade.
México ha tenido avisos de dos calificadoras, de Moody’s hacia fines de marzo y recientemente de Standard & Poor’s, avisos que deben preocuparnos. En los dos casos se anunció que se ponía en perspectiva negativa la deuda soberana de México. Esto quiere decir que las calificadoras consideran que de no llevarse a cabo un ajuste en las finanzas públicas para reducir el déficit fiscal y de no detenerse el incremento de la deuda, la situación macroeconómica podría deteriorarse y esas condiciones tendrían que reflejarse en una reducción de la calificación actual que tiene el crédito de México.
Los legisladores de todos los partidos deben estar atentos a estos avisos. Un cambio en la calificación de un país, o de una empresa, implica un encarecimiento del crédito que se otorgue en el futuro y una duda sobre su capacidad de pago. En el caso de un país también pone en duda la estabilidad de variables fundamentales en la economía. La señal de las calificadoras es además un aviso a los acreedores de México, a la comunidad financiera internacional y a la comunidad de negocios e industrial, nacional y extranjera.
Recordemos, uno de los pilares del crecimiento para que se den la inversión y el empleo es la estabilidad de los principales precios en una economía, precios de los productos, que se reflejan en los índices de inflación, el tipo de cambio, tasas de interés y los salarios. Estos son los parámetros, que determinan la posibilidad de llevar a cabo una inversión, definen previsiones y proyecciones sobre expectativas de una inversión, de su rentabilidad y de las necesidades adicionales de capital.
Pero sobre todo, lo más importante, su estabilidad cuida el poder adquisitivo de los trabajadores. La estabilidad de precios es la condición necesaria para no deteriorar los salarios reales, para que no se reduzca la cantidad de bienes que realmente se pueden adquirir. Esta es al final la variable que responsablemente debemos cuidar. No es casual que el único mandato que tiene nuestro banco central sea cuidar el poder adquisitivo.
Hoy la variable determinante, que todos los analistas nacionales e internacionales observarán cuidadosamente, es el nivel del superávit primario que presente la Secretaría de Hacienda en el paquete fiscal para 2017 y, por supuesto, el que apruebe el Congreso. El superávit primario es lo que resume la decisión de reducir el déficit fiscal y la tendencia de deuda creciente, lo que puede reducir el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, dar estabilidad a los mercados financieros, al tipo de cambio, a la tasa de interés y sobre todo, reflejar la preocupación y la decisión de cuidar el poder adquisitivo.
El balance primario, que puede ser déficit o superávit, tiene una definición simple. Consiste en quitarle al déficit o superávit resultante de un ejercicio, el pago de intereses por la deuda. Hoy lo que requiere el país, dado el nivel de deuda, es que al restar los intereses de la deuda al déficit, este no sólo se reduzca, sino que se convierta en superávit. Esto significaría que hubo una reducción del gasto suficiente para reducir el déficit normal, y para permitir, al deducir los intereses, que se convierta en superávit.
El secretario saliente Videgaray ya había presentado, a fines de marzo, en los pre-criterios de política económica para 2017, una propuesta responsable en la dirección correcta, un superávit primario de 0.2% del PIB. Es un cambio para sanear las finanzas públicas con los efectos favorables esperados en las variables fundamentales.
El secretario Meade, en sus declaraciones el día de ayer confirmó la continuidad de la política anunciada en marzo, hizo énfasis en la importancia de un presupuesto minucioso y protector de las necesidades sociales, pero también subrayó el que se trate de un presupuesto responsable para asegurar el mantenimiento de nuestra estabilidad macroeconómica.
Precisamente para cuidar el poder adquisitivo de las familias. Esperamos que en los Criterios de Política Económica para 2017 que se presentan hoy al Poder Legislativo, el superávit primario sea superior al 0.2% anunciado tentativamente en marzo, el que sea superior, tanto como sea posible, se entenderá como una voluntad indudable para cambiar esa tendencia que no podemos continuar. La labor de los legisladores es, sin duda, cuidar que ese superávit presentado sea aprobado, o mejor aún, incrementarlo. Sólo un superávit cercano a 1.5% del PIB impediría que la deuda se incremente como porcentaje del producto.
Indudablemente, cualquier superávit es ya una buena noticia, algo superior al 0.2% sería una gran noticia. El secretario Meade lo sabe y es consciente. Estamos en buenas manos. Requerimos un Congreso de la Unión solidario con la propuesta.
Director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)
