Tres discusiones se desarrollan simultáneamente en estos días. Es una tríada de temas cruciales para el futuro de nuestra sociedad: 1. La normas secundarias para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); 2. La legalización de la marihuana; 3. El modelo policiaco con mando mixto. Un elemento los vincula: la debilidad del Estado de derecho en México.
El SNA busca aliviar al país del cáncer del abuso del poder y de las funciones públicas para el enriquecimiento personal y familiar. Desde su nacimiento, el Estado mexicano ha sido omiso para prevenir eficazmente y castigar ejemplarmente esas conductas.
El daño está a la vista: el desarrollo nacional se frustró. No crecemos conforme al potencial del país. Una selecta corte de dinastías, fundadas sobre el apotegma de “no ser político pobre para no ser pobre político”, es la primera usufructuaria de este paraíso de la impunidad. En sus dominios se incubó y habita la otra hidra de mil cabezas que devora al país: el crimen organizado. Se colapsó el Estado en amplias regiones, se impuso la narcopolítica y la narcoesclavitud en muchas comunidades.
El segundo debate tiene varios componentes: la legalización de la cannabis para uso e investigación médico-científica, el reconocimiento del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, obsecuente al uso lúdico de la marihuana y la despenalización de su posesión hasta 28 gramos. Se admiten los riesgos para la salud individual y pública que conlleva la liberalización de esta droga. Este nuevo paradigma antiprohibicionista también exhibe las cuarteaduras en nuestro Estado de derecho.
¿Qué frutos dará este modelo de “sí, pero no”?, que por un lado acepta la legalización limitada de su consumo, y por otro mantiene la prohibición de su producción, distribución y venta. Es una fórmula ambivalente que será operada por autoridades en muchos casos corruptas y vigilada por fuerzas de seguridad cooptadas o penetradas por la delincuencia.
Se afirma que sí, que habrá un problema en salud pública, pero se callan las graves limitaciones que padece el sistema nacional del ramo: hospitales y clínicas desconchados, falta de personal, saqueado por gobernadores y funcionarios, sin presupuesto y con sobrecarga de usuarios. ¿Podrá atender a los pacientes que abusen de su respetabilísimo derecho a desarrollar su personalidad fumando mota? Se tendrá que aumentar el presupuesto para los establecimientos especializados en tales tratamientos. Es pertinente una advertencia: esto será muy injusto para los ciudadanos paga-impuestos que no tienen hábitos marihuanos. Imponerle a la mayoría la obligación de pagar la diversión de una minoría seguramente tendrá altos costos políticos. ¿Qué partido pondrá la cara?
El viraje de Peña en la UNGASS se aplaude porque la política prohibicionista ya demostró que no lleva a ningún lado, pero su iniciativa es mocha; imprudente, porque no se hace cargo de sus consecuencias. En México, sin Estado de derecho, el fumadero legal de carrujos puede convertirse en un pandemónium. En Holanda, Uruguay y EU la legalidad impera; en ese contexto, el abandono del prohibicionismo produce resultados diferentes. Esos casos no sirven como ejemplos.
La propuesta de mando policiaco mixto tampoco resolverá el problema de la inseguridad. No importa quién encabece a las fuerzas del orden, lo urgente es atacar las causas que favorecen la putrefacción de los cuerpos policiacos y edificar un modelo policiaco integral, que forme y capacite elementos decentes al servicio de la comunidad.
La corrupción, destructora del Estado de derecho, es el problema que subyace en los tres temas que hoy la sociedad mexicana debate. El SNA debe ser prioridad; cambiaría positivamente las perspectivas de las otras propuestas en discusión.
Presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN.
@L_FBravoMena.
