LLa violencia es uno de los problemas más serios a los que se enfrenta la niñez mexicana, se puede presentar tanto en el hogar como en espacios públicos e, indudablemente, tiene efectos que ponen en riesgo su desarrollo y marcan su vida.
Para poner en perspectiva esta problemática, basta referirnos al informe de la Situación de la Infancia en México 2016, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que dio a conocer que 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado algún acto de violencia en sus hogares, mientras que 1 de cada 15 ha recibido algún castigo severo (jalones de oreja, bofetadas, manotazos o golpes fuertes) como método de disciplina.
Asimismo, la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, del Inegi, reveló que el total de delitos o actos de maltrato contra las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años supera los 10 millones.
Ante esta problemática el Estado mexicano ha promovido acciones tales como la prohibición explícita del matrimonio infantil, la construcción de entornos físicos y digitales más seguros, cambios culturales por medio de campañas informativas y de sensibilización que contribuyen a apoyar y respetar los derechos de este sector poblacional.
Uno de los avances más importantes se dio a través de la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, una legislación que reconoce a estos actores como sujetos de derechos y como prioridad de México. Establece la distribución y asignación de competencias y obligaciones entre todas las autoridades de los tres órdenes de gobiernos, a efecto de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.
México se sumó a la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en 2016, una iniciativa impulsada por sociedad civil y organismos internacionales en el marco de los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable y que coloca esta problemática como una responsabilidad colectiva.
El pasado dos de agosto se dio un paso más con la firma de la Alianza por una Niñez sin Violencia en nuestro país, donde los tres órdenes de gobierno, legisladores, empresarios, medios de comunicación, la sociedad civil y la academia, asumimos un compromiso para erradicar la violencia contra la niñez. Como Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República, tuve el honor de asistir a tan importante evento, y con mucha atención escuché al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mencionar las acciones que de manera concreta implementará el gobierno federal.
El fortalecimiento del marco legal desde los Congresos locales; campañas de difusión y sensibilización sobre el castigo corporal; construcción de entornos físicos y digitales más seguros; el fortalecimiento de los programas de convivencia escolar Construye T y Alerta Temprana; desarrollo de protocolos de identificación y canalización desde ministerios públicos, centros de justicia y centros de salud, son cinco de los elementos del plan de acción que articulará a nuestro gobierno con el sector público, privado y medios de comunicación para que nuestras niñas, niños y adolescentes sean más felices.
Fomentar acciones para el desarrollo y protección de este segmento de la población es la mejor inversión que podemos llevar a cabo hoy. Las niñas, niños y adolescentes deben ser el centro de las políticas públicas, porque ellos serán los protagonistas mañana y van a definir el rumbo que tome nuestra nación.
Senadora, presidenta de la Comisión
de Atención a Grupos Vulnerables.
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