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Buscar el desarrollo en nuestro país es fomentar la igualdad en nuestra sociedad y una de las herramientas para aumentar la competitividad son las pequeñas y medianas empresas —las Pymes—.
Como lo han señalado diversos estudios al respecto, además de generar empleos e incrementar el ingreso de millones de familias, aumentan la participación en los mercados y reactivan el dinamismo empresarial. En diversos censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía —Inegi— se afirma que en nuestro país 98% de las empresas son Pymes y generan 72% de la oferta laboral, lo que tiene un impacto en el Producto Interno Bruto de 52%. La Comisión Intersecretarial de Política Industrial, la cual funciona como un órgano de consulta del gobierno federal, señala que 65% de las Pymes son de carácter familiar; 90% se dedican a un oficio; 31% de los que trabajan en ellas tiene la secundaria terminada, 26% con bachillerato o carrera técnica y 3% con primaria.
A pesar del peso de las Pymes en la economía nacional, su desempeño no ha sido el óptimo. Se han realizado múltiples esfuerzos, en los distintos órdenes de gobierno, como la promulgación en 2002 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que tiene como objetivo promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de las Pymes, su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. ¿Con qué finalidad? Para fomentar el empleo y el bienestar social y económico de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El Instituto Mexicano para la Competitividad detectó ciertos elementos que no permiten desarrollar el potencial de las Pymes. La baja diferenciación competitiva, poca destreza técnica y de negocio, calidad variable y los altos costos unitarios; son algunos elementos que las políticas públicas debieran de resolver, para la innovación en las pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros, seis de cada diez empresas son negocios familiares, una de cada cuatro empresas pertenecen a una mujer, 46% de las empresas tiene hasta 10 años operando, 49 de cada 100 empresas se financian con recursos propios, únicamente 3 de cada 10 empresas tienen una cuenta de inversión y/o ahorro, y dos de cada diez empresas consideran que establecer legalmente la empresa ha sido el principal desafío para iniciar su negocio.
Como uno de los cinco ejes fundamentales en el Plan Nacional de Desarrollo, “México Próspero”, se contempla impulsar el crecimiento sostenido de la productividad a través de la igualdad de oportunidades. Bajo ese tenor, el Ejecutivo creó el Instituto Nacional del Emprendedor para detonar el crédito, capacitar a futuros emprendedores y acelerar la formación de micro, pequeñas y medianas empresas; objetivos que su presidente, Enrique Jacob Rocha, tiene claros. Por ejemplo, en la Red de Apoyo al emprendedor, atienden a 987 mil 163 emprendedores.
Con esto, el gobierno pretende evitar barreras de crédito, insuficientes habilidades gerenciales, escaso uso de tecnologías y la carencia de información adecuada; lo que lograría elevar la competitividad y productividad de las Pymes.
Si bien desde el Senado de la República hemos legislado a favor de este sector, las reformas que estén por discutirse lograrán detonar el potencial. Buscaremos fortalecer la banca de desarrollo para ampliar el crédito así como que el esquema sería de riesgo compartido, para disminuir tasas de interés, lo que abre la posibilidad de que el crédito sea accesible. Cifras de la Asociación de Bancos de México registran una tendencia a la alza en cuanto a la cartera de créditos otorgados a las pequeñas y medianas empresas.
Es momento de sentar las bases de una renovación profunda alineada a las demandas de la ciudadanía para que la pirámide de la competitividad sea fortaleza de nuestra economía.
Senadora de la República
Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
@LiliaMerodio
lilia.merodio@senado.gob.mx
