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Hace varias décadas que el río Atoyac perdió la transparencia de sus aguas. El ecosistema completo se ha visto impactado por diversas acciones humanas. Algunos creen que es el momento de extenderle un certificado de defunción; otros más, con esfuerzos muy concretos, intentan darle oxígeno adoptando modelos internacionales que sí han funcionado en el rescate de otros ríos.
En Europa, el rescate del Rhin constituye un gran precedente. (De hecho, la Agencia de cooperación alemana GIZ está asesorando al gobierno de Puebla). Chirac no pudo cumplir la promesa de que los parisinos se pudieran bañar de nuevo en el Sena. Hoy, la alcaldesa Anne Hidalgo repite la intención en el marco de la candidatura de París a los juegos olímpicos de 2024.
El pasado 20 de marzo, Nueva Zelanda publicó una ley que otorgó el estatus de persona jurídica al río Whanganui. respondiendo a una petición formulada por la comunidad maorí desde 1890. A partir de la ley, el río tendrá derechos y será representado en un Tribunal por un delegado del Estado y por un maorí.
Este hecho revivió la discusión respecto de si el bios tiene un valor intrínseco independientemente de lo relevante que resulte para la vida del ser humano y es que en efecto, en muchas ocasiones sólo se valora a la naturaleza en la medida en que el ser humano obtiene beneficios.
Cuando un río se contamina o está en proceso de absoluto deterioro, como el río Atoyac, pareciera que no fue tan relevante la vida de especies acuáticas o ribereñas que desaparecieron y los ecosistemas rotos en sí, sino lo que ya contaminados provocan a la salud humana. Esa es la visión antropocéntrica.
Fue por ello que más que en defensa del río, un grupo de personas tuvo que plantear en 2011 ante la CNDH la defensa del derecho de varias personas al medio ambiente sano. El asunto había quedado relegado, pero se retomó con el cambio del titular del órgano autónomo y el 21 de marzo pasado, se emitió la Recomendación número 10 con el objeto de hacer un llamado a los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, municipios de ambas entidades, así como Semarnat, Profepa, Conagua y Cofepris al ser las instituciones que, con sus omisiones, han contribuido a agravar el problema.
De la recomendación se desprende que ha faltado coordinación entre las distintas instancias federales, estatales y municipales. En ocasiones, pareciera que el federalismo y la distribución de competencias es algo que sólo importa a los especialistas en Derecho Constitucional y Administrativo, sin embargo, cuando se tiene un caso concreto como éste, se hace evidente la relevancia que tiene la claridad competencial para todos.
La tarea que sigue no puede ser exclusiva de las autoridades a las que se dirigió la recomendación, monitoreando, dándole seguimiento a denuncias, sancionando, previendo las partidas presupuestales, etcétera. Las acciones tendrán que venir también de parte de las empresas de la mano de asociaciones como “Dale la Cara al Atoyac”.
Se recomienda también la sensibilización y un mayor compromiso para con el río —que no es más que nuestro espejo—. Ahí se ve lo que somos; cómo nos comportamos; cómo el desarrollo sustentable se ha mantenido en el plano del discurso; cómo seguimos creyendo que las acciones aisladas no impactan ni en el problema ni en la solución.
Además de las quejas ante la CNDH, hay amparos en trámite por las omisiones de las autoridades. El marco normativo es robusto. Falta, como lo dice la propia Comisión, mayor conocimiento del mismo.
El Atoyac tiene que recuperarse desde nuestros volcanes hasta su unión con otros ríos. Tenemos todo para que el azufre y otros elementos nocivos que se respiran y que fluyen con él, den paso al oxígeno y a la vida. En maorí: Nosotros somos el río y el río somos nosotros.
Directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
