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En materia electoral es muy común hablar de la cancha en la que juegan los partidos políticos, de lo permitido, del desempeño del árbitro y de otras analogías con el deporte. Esta vez, vamos a imaginar que acabamos de presenciar un partido donde los jugadores cumplieron con las reglas, en el que se respetaron los tiempos y al final supimos quién había ganado. Hubo celebración en el vestidor correspondiente y nos retiramos cuando se apagaron las luces del estadio. Al día siguiente, nos enteramos que el juego seguía porque los de pantalón largo habían decidido prolongarlo, esto es, había comenzado un inesperado tiempo extra.
Eso está pasando con la reciente elección de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF. Siete candidatos fueron nombrados por el Senado por 3, 6 y 9 años a partir de las ternas que presentó la SCJN. Las reglas fueron admitidas por todos. A los electos, les tomaron la protesta de ley el pasado jueves 20 y comenzarán a ejercer el cargo el 4 de noviembre próximo.
Pues bien, aunque el proceso estaba terminado, un grupo de senadores de distintas fracciones parlamentarias, considerando que no han tomado posesión, presentó el martes 25 una iniciativa para extender el periodo de cuatro de los magistrados recién nombrados, mediante la reforma del transitorio cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que estableció, en julio de 2008, el escalonamiento que ordena la reforma constitucional de noviembre de 2007. Parece una obviedad, pero no se puede reformar lo que ya no existe y la norma aducida, al cumplir su función transitoria, se extinguió.
El dictamen fue presentado a votación del pleno del Senado el pasado jueves 27. Hubo más oradores en contra que a favor y sorprendió la división en el PAN. Al final, el dictamen se aprobó con 68 votos a favor y 17 en contra. La prolongación del mandato se apoyó con muchos menos votos de los que, en su momento, respaldaron el nombramiento de los magistrados. Ahora se pretende enviar de inmediato la minuta para su discusión en la Cámara de Diputados el próximo 3 de noviembre.
Entre el dictamen original de las Comisiones Unidas y el que se votó el jueves, se adicionó un transitorio para que, en su caso, 4 de los 7 magistrados regresen al Senado a rendir una nueva protesta.
Todo esto, no son minucias jurídicas que pudieran interesar sólo a los expertos, porque lo que está en juego, como muchas voces lo han expresado, es nada más y nada menos que la legitimidad del órgano que legitima. Paradójicamente, aún los beneficiados pueden resultar perjudicados con la afectación al órgano en su conjunto. No hay que olvidar que es el Tribunal Electoral la última instancia respecto de la legalidad y constitucionalidad en materia electoral.
Una de las reglas básicas es la que está establecida en el artículo 105 constitucional, que indica que no puede haber cambios en las leyes electorales por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Cambios constitucionales quedan excluidos, por supuesto.
El artículo busca que no se establezcan reglas a modo cuando el panorama de la competencia ya es visible o previsible y abre la posibilidad de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad.
La discusión del pasado jueves se centró en las elecciones presidenciales del 18 y del 24, pero las primeras impugnaciones de carácter local que esta nueva integración del Tribunal habrá de dirimir, son las que se deriven de los procesos en Coahuila, Estado de México, Veracruz y Nayarit. Aunque todo parece definido, vale expresar la inquietud respecto de quién va a tener la última palabra sobre el destino del órgano que, en lo electoral, debe tener la última palabra.
Directora de Derechos Humanos de la SCJN
