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En los próximos días, varios secretarios de Estado comparecerán ante las Cámaras de Diputados y Senadores para lo que se ha llamado la glosa del Informe presidencial.
Por reforma constitucional de 2008, se suprimió la obligación del Presidente de asistir al Congreso a informar sobre el estado general que guarda la administración pública del país, pero se mantuvo la obligación para los secretarios de despacho de dar cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.
La mayor expectación siempre ha estado sobre las Secretarías de Gobernación y Hacienda; recientemente, sobre Desarrollo Social y, en el contexto actual, la reforma educativa.
Independientemente de los temas de coyuntura, en esta ocasión y, de manera muy adelantada, la expectación crece por los recientes ajustes en el gabinete y por la carrera anticipada en la sucesión presidencial.
Meade tendrá que rendir las cuentas de Videgaray, Miranda las de Meade y Osorio Chong tendrá que enfocarse en temas de seguridad y derechos humanos.
Vale la pena aclarar que por reformas constitucionales que entrarán en vigor en 2018, quien suceda a Peña Nieto deberá presentar un informe, separado, en el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del estado que guarde la estrategia de seguridad pública. Asimismo, por la creación del Coneval corresponderá a su presidente presentar, anualmente, a los poderes de la Unión un informe de actividades. Expresamente se habla de que comparecerá ante las cámaras del Congreso.
Las comparecencias de los secretarios pueden resultar de gran utilidad si logran trascender las pugnas partidistas porque podrían servir para evaluar y replantear el rumbo.
La inquietud surge por la merma en la evaluación del desempeño presidencial en el cuarto año. Más allá del denominado círculo rojo, campea la pregunta de qué es lo que sigue en los dos años que faltan. Históricamente, pareciera que México se ha tenido que reinventar sexenalmente desde Lázaro Cárdenas; pero ahora, algunas situaciones que se habrían dado en el sexto año, ya con el cambio de gobierno en el horizonte, se presentaron antes. Hay que recordar el difícil sexto año de Díaz Ordaz, López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari y Fox.
Al inicio de la administración, se traza la hoja de ruta. Este instrumento es el Plan Nacional de Desarrollo. El plan, hipotéticamente, se tuvo que haber visto enriquecido con consultas populares, la planeación, dice la Constitución, debe ser democrática y deliberativa. Desafortunadamente, esta participación ha sido, casi siempre, de mero trámite. Es muy difícil que opiniones divergentes sean consideradas en él.
Además, al inicio de este sexenio, de manera paralela, se presentó como acuerdo político para el diseño del futuro, sin fundamento jurídico alguno, el denominado Pacto por México (el acuerdo se consumó cupularmente con líderes de los partidos fuera de las Cámaras y de la representación popular). Lo que en estricto sentido se tendría que evaluar, en este proceso de comparecencias, es el cumplimento del Plan Nacional de Desarrollo, no del pacto.
En el intríngulis en el que nos encontramos, lo que se hace evidente es que no existen alternativas reales de participación directa en la corrección y rediseño del rumbo, más cuando se relee el marco que regula la consulta popular de manera compleja y colmada de obstáculos y limitantes.
Pareciera que hasta hoy el único momento posible de intervención en la decisión del rumbo sigue siendo la emisión de nuestro voto el día de la jornada electoral. No parece haber otro momento de incidencia aunque las calles y las redes se desborden.
En una democracia, la sociedad plural que somos tendría que encontrar cauces y momentos diversos para la evaluación propositiva y real.
Directora de Derechos Humanos de la SCJN
