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El 27 de noviembre de 2014, el presidente Peña Nieto incluyó como parte del decálogo por la paz, la unidad y la justicia, “El plan integral para reducir la pobreza y la desigualdad que padecen los estados del sur del país”. Fue en esa ocasión cuando se anunció el establecimiento de tres zonas económicas especiales: una ubicada en el Istmo de Tehuantepec; la segunda en Puerto Chiapas y la tercera en Lázaro Cárdenas en los límites entre Michoacán y Guerrero.
Diez meses después se presentó una iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. La propuesta hace suponer que durante este tiempo se llegó a la conclusión de que una medida como esta requería de un cambio legislativo y que los instrumentos legales y reglamentarios existentes no eran suficientes para lograr el propósito de otorgar incentivos fiscales y facilidades administrativas en ciertas zonas del país que de manera especial requieren atención.
En las zonas se podrán desarrollar actividades de manufactura, procesamiento, transformación y almacenamiento, así como la prestación de servicios de soporte a dichas actividades mediante inversión pública y privada, dice la iniciativa, que no hace referencia a lugares específicos, pero señala que deberán ubicarse en las entidades federativas que presenten mayores rezagos en su desarrollo social y que el área geográfica sea estratégica debido a la facilidad de integración con carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos o corredores interoceánicos y potencial de conectividad hacia otros mercados nacionales e internacionales.
Independientemente de la situación particular de los otros estados, en el caso de Chiapas, donde se anuncia que la zona estaría ubicada a 15 kilómetros de la frontera con Guatemala, en Puerto Chiapas, antes Puerto Madero y antes San Benito, hay que recordar que la propia Sierra Madre ha provocado que lo que sucede en el Soconusco no tenga impacto en los denominados Altos, donde están concentradas gran número de comunidades indígenas y la mayor pobreza y marginación.
No dudo que la frontera —espacio poroso de dolorosa migración y de flujos de mercancías lícitas e ilícitas— requiera de una atención especial y abrirse al mundo; sin embargo, es altamente probable que si se establece la zona, el beneficio se irradie hacia el resto de la costa de Chiapas y de Oaxaca y, por supuesto, hacia Centroamérica, pero no necesariamente al resto del estado.
El norte atiende más a la dinámica comercial de Tabasco; los Altos y el centro responden a su propia sinergia y la selva —que sigue una línea de frontera inexistente por el ecosistema común— exige una lógica de conservación más que de industrialización.
En la iniciativa se ponen como ejemplo, experiencias exitosas de China, India, Corea del Sur y Polonia. Modelos completamente ajenos. Si se mira al sur, la experiencia costarricense podría ser mucho más valiosa y atendible para Chiapas, el estado con mayor biodiversidad que es incluso más grande en su territorio que el país centroamericano. En Chiapas se concentra el mayor número de áreas naturales protegidas. ¿Por qué no mirar al sur?
Chiapas puede potenciar su riqueza natural, cultural y humana para alcanzar por fin el postergado desarrollo sustentable.
Que el estado más rico en recursos naturales siga presentando rezago en desarrollo humano, constituye la paradoja ancestral.
La iniciativa se lee mejor en el contexto de los compromisos del Acuerdo de Asociación Transpacífica TPP recién suscrito, aunque no se señale así en la exposición de motivos. Los estados que están considerados para el establecimiento de las zonas especiales sí tienen en común rezagos, pero lo más relevante es que todos se encuentran en el litoral del pacífico. Ahí puede estar la clave.
Directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
