Varsovia. Me encuentro en Polonia, un país que en 27 años ha recorrido un largo tramo para adaptar sus instituciones a circunstancias cambiantes. Dejó de ser un país comunista y hoy es una democracia con una pujante economía del mercado y en pocos años pasó de ser la sede del Pacto de Varsovia a ser una parte de la OTAN y miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Cuando pienso en el México de los años 90 y veo lo poco que ha cambiado en términos relativos, recuerdo cuáles eran los grandes dilemas que se planteaban entonces.
El primero era nuestra inserción a la globalización, que finalmente resolvimos con un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que hoy parece renqueante y circundado de dudas sobre su viabilidad. El segundo era modernizar la economía mexicana a través de las privatizaciones que no han conseguido ni darnos un México más justo, ni tampoco impulsar a una clase empresarial vigorosa e innovadora. En el ámbito interno, suponíamos que la democratización del sistema político sería suficiente incentivo para adecentarlo y hacerlo más eficiente. Pues tampoco ocurrió.
Sé que es absolutamente perturbador para la mayoría de los mexicanos, pero a diferencia de lo que le ha ocurrido a Polonia —que ha encontrado un camino para modernizar su infraestructura y su aparato administrativo— creo que los males de nuestro país están todavía lejos de encontrar una solución por la simple y sencilla razón de que llevamos décadas posponiendo la gran decisión de profesionalizar el Estado mexicano.
En el año 2000 suponíamos que la alternancia política iba a ser suficiente para renovar el país. Por alguna razón poco clara, consideramos que el antipriísmo estaba cargado de una ética pública y un compromiso con la modernización por el simple hecho de ser críticos del tricolor. Hoy sabemos que criticar es una cosa y construir capacidades administrativas eficientes y decentes es otra.
Los gobiernos de signos diferentes al tricolor no han desarrollado el elemento esencial que permite a los países dar el gran salto adelante: una burocracia eficaz y limpia. Y no lo han hecho por la simple razón de que no conviene a su capacidad reproductiva. El gobierno mexicano sigue siendo un botín que se reparten los ganadores de una manera poco productiva para el país. Desde los cargos de seguridad pública, hasta la custodia de las áreas naturales protegidas en este país, los puestos se reparten con criterios políticos y personales. Así no hay manera de que las cosas funcionen. Cualquiera salta de una función técnica a otra sin tener conocimiento y mucho menos respeto por la misma.
Como lo ha descrito perfectamente Pipitone, el gran problema de México consiste en que el sistema político tiene como prioridad reproducirse a sí mismo y su vitamina o alimento principal es el propio sistema administrativo del cual extrae recursos para su supervivencia. En estas condiciones, es altamente improbable que la grave crisis de seguridad pública que ha asolado al país en las últimas décadas, remita. El desafío que vive el país no resiste tener una administración improvisada y profundamente venal.
Como ocurrió en los años 80, cuando tuvimos que hacer de necesidad, virtud y forjar una burocracia económica y financiera técnicamente solvente para dialogar con el exterior y recibir créditos que lo salvaran del desastre económico generado por el nacionalismo revolucionario, hoy tenemos que cambiar radicalmente la administración pública y para ello debemos modificar el sistema político. Para los partidos no será fácil, pues la administración pública es una fuente de colocación de sus leales y siervos y extracción de rentas, pero el país no aguanta más y si no reclutamos, desde los municipios, a funcionarios profesionales que enfrenten la demanda de los ciudadanos, esto nunca funcionará.
Analista político.
@leonardocurzio