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Dice el Comisionado Nacional de Seguridad que hace falta una ley que permita determinar en qué contextos se utiliza la fuerza pública y cuál es la proporcionalidad adecuada para atender las distintas crisis a las que se enfrentan los cuerpos de seguridad del Estado. Tiene razón en que una ley puede impulsar un principio de homologación de la actuación de las policías o bien, establecer un perímetro de actuación de todos los cuerpos de seguridad, sean federales estatales o municipales. Sin embargo, en ausencia de la misma, los protocolos de actuación de cada uno de los cuerpos deben ser tremendamente precisos para evitar dos extremos peligrosos. El primero es que el uso de la fuerza sea excesivo. El segundo es que esté por debajo de los requerimientos de la propia situación crítica. El establecimiento de parámetros en una ley no resuelve, sin embargo, la inapropiada aplicación de la fuerza como presumiblemente ocurrió en Tanhuato y Nochixtlán. Eso tiene más que ver con la pericia y profesionalismo de los cuerpos que se despliegan en una situación determinada. Va en el interés de todos que el cuerpo de élite del Estado mexicano sea más exigente con su propio actuar a la hora de desplegarse en situaciones de riesgo. Primero, porque da seguridad a la opinión pública de que la utilización de la fuerza en un caso extremo no terminará en un derramamiento de sangre, que en vez de resolver los problemas los agrava. Segundo, porque el prestigio de un cuerpo policial se construye precisamente en la forma en que resuelve una situación de crisis. La Policía Federal tuvo su bautizo de fuego ante la opinión pública con un muy exitoso operativo en Ciudad Universitaria, pero en los últimos años, diversos escándalos (desde el aeropuerto hasta Tanhuato, pasando por el episodio de la carretera a Cuernavaca) han erosionado su prestigio. A un cuerpo policiaco le hacen falta tres cosas: sentido de pertenencia, liderazgo y controles internos. El sentido de pertenencia no se fomenta apadrinando o encubriendo irregularidades o abusos. La doctrina de un cuerpo federal debe ser la protección de los ciudadanos con pleno respeto a las leyes. Toda concesión en este plano introduce un virus peligroso de descomposición. La solidaridad del cuerpo no implica solapar ilegalidades.
Ahora bien, si aceptamos que es peor excederse que quedar corto en el uso de la fuerza, no podemos descuidar la debilidad de las fuerzas de seguridad pues ésta fomenta comportamientos cada vez más agresivos de ciudadanos en algunas regiones del país. Enfrentar una acusación de asesinato a sangre fría a manos de un policía, es infinitamente más grave para cualquier gobierno democrático, que salir corriendo de una situación de riesgo o cualquiera otra carencia en la actuación de los cuerpos policiales. Porque la muerte sólo puede ser explicada (desde el frente del Estado) si se acredita una actuación de legítima defensa o en una situación de fuego abierto. Todo lo demás es una crisis jurídica, moral y política.
Enfrentar a grupos criminales agresivos y bien armados no es una cuestión sencilla y puede, en un momento específico, convertirse en un atenuante para determinados comportamientos en el terreno de las operaciones, pero en ningún caso puede justificar un Estado de derecho matar a otro individuo, así se trate del más vil de los delincuentes.
Analista político.
@leonardocurzio
