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Sigue siendo un arcano para mí el porqué nuestro gobierno tiene reacciones tan diferentes ante el escrutinio externo. Cuando alguna institución internacional, como el FMI, la OCDE, o el
World Economic Forum hacen cualquier observación sobre algún asunto que tenga que ver con nuestra estructura económica, el gobierno la recibe con una actitud constructiva y en algunos casos, incluso, festiva. Para muchos funcionarios de la administración federal, el que estas instancias adviertan sobre un desequilibrio de las finanzas públicas o la rigidez de los mercados laborales, les sirve como argumento para impulsar más reformas. Esta disposición de adoptar como prioridad los consejos y recomendaciones que dan los organismos internacionales ha labrado el prestigio de que México es, de todas las economías emergentes, la mejor portada, la más responsable.
En abierto contraste, el escrutinio internacional en otros ámbitos, como los derechos humanos, derechos políticos y el funcionamiento del sistema de justicia, le resulta a un número importante de funcionarios de alto nivel, punto menos que una ofensa. En los últimos años hemos visto cómo todo señalamiento crítico en estos temas es discutido con extraño celo, mientras que todo señalamiento en el ámbito económico es recibido con el mejor talante. A mi juicio, si el escrutinio internacional nos ayudó a tener una macroeconomía estable y otros beneficios palpables, como sacar el manejo de la política económica de Los Pinos y la cotización de nuestra moneda de cálculos electoreros, así como dotarnos de una institucionalidad hacendaria y financiera de prestigio internacional, el mismo impulso debería usarse para transformar de raíz nuestro maltrecho sistema de seguridad y justicia. No hay mexicano que en sus cabales defienda a la Procuraduría General de la República o la considere un motivo de orgullo nacional que pudiese ser mancillada por algún integrante del GIEI. Más allá de las inexplicables fobias de miembros del gobierno a los integrantes del GIEI, lo que ese grupo nos ha dejado es un listado incontrovertible de los temas que cualquier funcionario comprometido con la modernidad de este país debería aceptar, a imagen y semejanza de lo que hacen sus congéneres de la rama hacendaria y financiera y debería usar estas recomendaciones como un poderoso mandato para cambiar la ominosa realidad de una procuración de justicia que está reprobada. Recordemos que en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, el gobierno federal anunció que las instituciones se jugaban su reputación y el resultado no puede ser peor. Primero, porque el crimen no fue cometido por el gobierno federal y en consecuencia tenía todos los incentivos para aclararlo hasta sus últimas consecuencias y, sin embargo, no lo ha hecho. Segundo, porque a pesar de la intervención directa de la PGR, desplazando a toda autoridad local, el caso no se ha resuelto, seguimos sin saber lo que ocurrió. Y tercero, porque el gobierno pasó de pedir apoyo internacional para legitimarse (una espléndida decisión) a terminar con actitudes ambiguas con quienes le ofrecen un diagnóstico prístino de las debilidades de nuestro sistema. No entiendo a quienes critican el costo del trabajo del GIEI. No sé cuánto le pagamos a la OCDE por sus estudios, pero para mí, unos y otros valen lo que pesan, es el dinero mejor gastado.
Algo está profundamente dañado en el sistema nervioso del gobierno porque no es posible que reaccione ante el escrutinio externo de dos maneras tan radicalmente diferentes. No hay soberanía que valga cuando un gobierno es incapaz de impartir justicia y no hay seguridad nacional que pueda invocarse cuando el gobierno no puede resolver un crimen en el que desaparecen 43 estudiantes.
Analista político.
@leonardocurzio
