Hace unos días, el secretario Osorio Chong argumentaba que un segmento de la sociedad no percibía correctamente los avances en seguridad pública. Aludía a algunas voces (vaya usted a saber quiénes son) que se niegan a reconocer progresos y ponía en perspectiva comparada el número de homicidios que se registran en distintos países para destacar que el de México no es tan elevado como señalan los críticos. El argumento es cierto en sus dos partes: cuesta mucho aislar una discusión técnica en un México fragmentado y también es verdad lo que dice sobre los homicidios. Si ve uno las cifras oficiales, tenemos desde 2011 (22 mil 852) una disminución a 17 mil 027 en 2015, pero están muy lejos de los 10 mil 253 de 2007. Y es verdad que en países de Latinoamérica (y algunas ciudades del país vecino) la cifra de personas asesinadas es mayor, pero también era mayor en 2010 y 2011 y en este país saltaron todas las alarmas. De modo que las cifras admiten muchas lecturas y cada quien prioriza la perspectiva que más le conviene.
En lo que no parece haber controversia es en percepción sobre la seguridad. Según la encuesta de GEA ISA, 39% considera que es el principal problema del país y la encuesta de victimización del Inegi (Envipe) sugiere que más de seis de cada diez compatriotas se sienten inseguros en su entorno inmediato. Por lo tanto el problema lo podríamos plantear en términos de incomprensión mutua. El gobierno alega incomprensión y la sociedad se siente insegura. No es el de EPN el primer gobierno que vive esta situación. El de Calderón fue tenaz en sugerir que no se explicaba bien el tema (se implicaba que los medios eran en gran medida culpables), que en otros países las cosas estaban peor y llegó incluso (en una reunión de embajadores) a sugerir que a los mexicanos nos gustaba hablar mal de nuestro país. El gobierno actual decidió cambiar la estrategia de comunicación anterior (que fue desastrosa) e impedir que los temas de seguridad estuviesen en discursos presidenciales, así como evitar anunciar la captura de delincuentes como si se estuviese deteniendo a Al Capone. Lo ha logrado y también ha conseguido evitar la competencia entre corporaciones para “ganar la nota” y mandar un mensaje muy sólido de que las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) trabajan coordinadamente. El problema es que la percepción de que la inseguridad sigue no ha bajado.
¿Cómo salir de esta mutua incomprensión? La primera línea es que los homicidios ya no son el tema principal de la agenda pública. Su reducción fue un compromiso explícito del gobierno para diferenciarse del anterior y funcionó en los márgenes, es decir, políticamente se pudo cambiar el discurso, pero el paisaje no ha cambiado demasiado. Seguimos en un desierto de impunidad y el tema de Ayotzinapa (no resuelto) ha descubierto la enorme debilidad institucional de la PGR. Es una herida abierta que golpea directamente la credibilidad nacional e internacional de este gobierno. Si no se le da una salida satisfactoria, el tema seguirá condicionando buena parte de las lecturas que se realicen sobre lo que esta administración ha hecho en materia de seguridad. Por otra parte, el esfuerzo federal puede dar buenos resultados, como en Michoacán, que en dos años pasó de ser una entidad controlada por el narco a un estado que tuvo un proceso electoral y hoy tiene un gobierno electo en funciones. Pero eso no opaca ni reduce el terrible impacto que tiene en la vida de ciudadanos de Ecatepec, Coacalco o Iztapalapa, por no hablar de Papantla o Boca del Río, la amenaza cotidiana de ladrones y extorsionadores, que se reproducen como plaga bíblica. Recapturar al Chapo o desarticular a la Familia Michoacana es un éxito que, sin embargo, no mejora la vida diaria de ciudadanos. No creo aportar nada original (lo cual es desconcertante) si reitero lo que he dicho desde hace diez años: si no hay gobiernos locales que se hagan cargo de la seguridad, el gobierno federal podrá pararse de pestañas o desarticular bandas, pero la percepción no cambiará. Y no cambiará porque los ciudadanos seguimos teniendo miedo de que nos asalten en nuestras casas, en el transporte, simplemente nos arrebaten el celular en la calle o en cualquier momento nos llamen para extorsionarnos. Dicho de otra manera, no cambiará la percepción si no cambia la realidad y si el gobierno federal quiere pagar una factura menor, no tendrá más remedio que hacer ver a los gobiernos locales que su desempeño es de malo a pésimo.
Analista político.
@leonardocurzio