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Resulta cómico que en un país, como el nuestro, en el que es imposible transportarse en ferrocarril de una ciudad a otra, el sistema político actúe como si fuera el expreso polar. En otras palabras, avanza sobre una vía y es incapaz de cambiar su curso aunque las condiciones se alteren y muy probablemente siga impertérrito su camino hacia un desfiladero.
La crisis de inseguridad que hemos vivido desde los años 90 no ha recibido el tratamiento serio y coherente que requiere. Ya en otra ocasión señalaba que la ruta apropiada para salir de este atolladero debe ser muy parecida a la que seguimos después de la crisis económica de los 80 y 90. Es decir, debemos edificar instituciones serias y creíbles y distribuir apropiadamente las responsabilidades. No sé si tendremos algún día una PGR con los niveles de solvencia y credibilidad del Banco de México, tampoco sé si tendremos algún día un órgano de control de los reclusorios con la eficiencia del SAT, pero no me cabe duda de que esa es la ruta a seguir.
La politización de los temas de seguridad y justicia ha sido funesta para los intereses del país. Puede haber mejorías incrementales de un año a otro en el número de delitos que se cometen, pero en el México de 2016 los homicidios, los secuestros y los robos siguen en niveles preocupantes. No hemos conseguido cambiar la tendencia y eso debería interpelarnos a todos.
Ahora la UDLAP nos pone sobre la mesa un informe sobre la impunidad que es absolutamente concluyente. El origen de los gravísimos problemas que hoy tenemos es la ausencia de un sistema que disuada a los criminales de transgredir la ley. El 95% de los delitos que se cometen en México no son castigados y —perdón que siga con la metáfora del expreso polar— el sistema político persiste en enfrentar este problema con un ángulo totalmente policiaco y unidireccional. Nadie discute que a este país le hacen falta policías y a mi juicio es relevante que los gobernadores se conviertan en los responsables políticos (soy partidario del Mando Único) pero cuando un delincuente sabe que las posibilidades de ser atrapado son tan bajas, el tema no es de policías ni mucho menos de ese cansino discurso del endurecimiento de las penas (¿de qué sirve la amenaza de que te pueden encerrar 250 años si no se va a cumplir?).
Está claro que si no se reduce brutalmente la impunidad, como un elemento disuasivo de la actividad criminal, toda la energía gastada en reforzar las policías tenderá a convertirse en entropía. Entiendo perfectamente que a la clase política el tema de la inseguridad no le preocupa (viven en su burbuja de camionetas suburbanas y guaruras) y en consecuencia lo que ocurra en las calles y plazas les resulta literalmente una molestia a la que hacemos eco los medios en subir la demanda ciudadana. Todos dicen lo mismo: los medios cargan las tintas con el tema de inseguridad. Pero mal que les pese, no es un problema mediático, en todas las entidades federativas las encuestas ubican la inseguridad como la principal preocupación ciudadana, ellos siguen en su expreso polar con sus constituciones y sus reformas tratando de que el ruido ciudadano y mediático se diluya.
El Índice Global de Impunidad demuestra que estadísticamente, salvo Nayarit y Campeche, todas las entidades del país tienen niveles de impunidad muy altos. Esto quiere decir que la estructura de castigo de los delitos sigue sin funcionar y en consecuencia, si hoy estamos mal, mañana podríamos estar infinitamente peor, ya que las instituciones que disuaden a los individuos de violar la ley simple y llanamente no operan. Más claro no podría estar.
Analista político. @leonardocurzio
