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Se ha anunciado que el gobierno prepara una iniciativa de ley sobre desapariciones forzadas y es de celebrarse que esta sea ampliamente consensuada con distintos actores. Muchas cosas, sin embargo, quedan por trabajar en un modelo de seguridad que no consigue revertir la sensación de que seguimos viviendo en el filo de la navaja. El mexicano promedio vive con miedo y con el triste consuelo de que alguna vez las estadísticas refieren un ligero descenso de tal o cual delito, pero sin cambios de fondo en la musculatura de las instituciones y la confianza ciudadana en policías y ministerios públicos.
Una de las prioridades insoslayables de la próxima legislatura es abrir un debate profundo sobre el modelo de seguridad vigente en el país. No es sensato que pasen los años y el despliegue federal (y en particular el de las Fuerzas Armadas) se prolongue sin límite temporal. Está claro que el Presidente tiene facultades constitucionales para disponer de las Fuerzas Armadas a fin de garantizar la seguridad interior, pero el sentido de esa facultad, prevista en el artículo 89, parece claramente restringido a un periodo limitado de tiempo, mientras se atiende una emergencia, un suceso fuera de lo común o un elemento pertubardor extraordinario.
El problema es que lo extraordinario, en México, se convierte en permanente y aquello que se concibió como un apoyo temporal a las entidades federativas, se mantenga como una solución que no tiene visos de modificarse. Hasta ahora, el Ejército y la Marina han cumplido con las órdenes de su comandante y supongo que así será en el futuro. Su lealtad al mando civil se ha dado sin fisuras y sin rechistar. Las Fuerzas Armadas reciben, por este hecho, un reconocimiento importante por parte de la sociedad. No en vano se ubican, en todas las mediciones de confianza a la cabeza de las instituciones del Estado. Pero que hasta ahora las cosas hayan sido así, no quiere decir que estén bien. Nos hemos venido acostumbrando (clase política y sociedad civil) a que el apoyo que las Fuerzas Armadas dan para atender los temas de seguridad pública en distintos puntos de la geografía nacional se dé por sentado. Muchos gobernadores se ufanan de que cuentan con el respaldo de soldados y/o marinos y no se apresuran a realizar las modificaciones pertinentes para hacerse cargo de sus responsabilidades en materia de seguridad. Para ellos resulta funcional la ayuda federal (con amplio apoyo militar) a pesar de que el Artículo 21 de la Constitución establezca que el mando de las instituciones de seguridad pública sea de carácter civil, disciplinado y profesional. Bueno, lo de disciplinado y profesional lo dejamos en lo aspiracional.
La inercia de los gobiernos locales es preocupante. Son años de deterioro. Las críticas a su ineficacia menudean. Es más, los reproches han venido incluso desde la jefatura del Estado. El más claro fue el de EPN en Aguascalientes (25-02-2015) cuando decía: “Desde el gobierno de la República hemos trabajado, precisamente, para imprimirle vigencia plena al Estado de derecho… Aquí vale la pena decir que para cumplir con este objetivo… en todo el territorio nacional, es fundamental que todos los órdenes de gobierno trabajemos de forma conjunta y que jalemos parejo. No cabe hacer excepciones, no cabe nadar de muertito, evadir la responsabilidad y dejar que sea el gobierno de la República el único que afronte su responsabilidad.”
Nos urge un debate sobre el federalismo en materia de seguridad que establezca límites (como recientemente ha ocurrido con los niveles de deuda) al desgobierno que priva en muchos estados del país. Nos hacen falta alertas tempranas, mecanismos de rendición de cuentas y resortes que incrementen la responsabilidad política de los gobernadores. El supuesto planteado por este gobierno de que la coordinación entre niveles de gobierno incentivada por “el oficio político” y el alineamiento de gobernadores priístas con Los Pinos iba a ser suficiente, saltó por los aires con el desastre en Michoacán.
Necesitamos también aprobar un marco jurídico que dé certeza a las Fuerzas Armadas de que su despliegue y su contribución a tareas (que en buena lógica están fuera de su misión constitucional) sea limitada en el tiempo y con mandatos definidos, como ocurre con las OMP de la ONU. No es conveniente (ni justo) que se les mande a los leones y nadie se haga responsable de proteger toda la cadena. La batalla contra la criminalidad no se puede ganar si los responsables políticos se dedican a levantarse el cuello cuando hay un éxito y a deplorar cuando ocurre un incidente grave.
Analista político.
@leonardocurzio
