En México tenemos la extraña costumbre de meternos en espirales interminables. Buena parte de los conflictos recientes no se solucionan porque todos los actores se involucran en una especie de remolino propio de una familia disfuncional. Las demandas y las respuestas nunca son vertebradas porque los que demandan no quieren solución verdadera y los que atienden caen en esa lógica perversa de prolongar indefinidamente el ciclo protestas-movilizaciones-soluciones a medias-treguas y luego de nuevo movilizaciones. Con los temas electorales así ha ocurrido. Tratar de convencer a los que desconfían es inútil porque, hágase lo que haga, siempre tendrán un nuevo elemento para impugnar y a pesar de los avances decir que el sistema es el mismo que en los 80 y sin embargo una y otra vez participan. Así entramos a la espiral de la desconfianza y de la justificación de las derrotas electorales. El que gana nunca gana bien y el que pierde siempre esgrime el fraude para descargarse de su responsabilidad de opositor. Es más fácil condenar como párroco que cogobernar limitando abusos. Sin embargo, el país ha funcionado en la línea del desacato porque nadie se ha atrevido a cruzarla. No lo hizo Cárdenas (que razón hubiese tenido en hacerlo) ni López Obrador, quien en su habitual zigzagueo, bloqueó Reforma y después recorrió el país pidiendo perdón por lo hecho. Con el magisterio ocurría algo semejante. El taimado juego consistía en seguir un guión que iniciaba todos los meses de mayo con una movilización y concluía pocos días antes del 15 con la milagrosa desaparición de los maestros. El juego era muy conocido y se resolvía siempre con dinero.
Pero ahora el magisterio disidente ha cruzado una línea que convierte el remolino en un tornado que erosiona la autoridad del gobierno y ha roto ese ejercicio de simulación. El magisterio disidente perdió su primera batalla cuando Elba Esther Gordillo ingresó a la cárcel. Su parapeto tradicional se diluía al no haber ya el tradicional espantapájaros que los legitimaba. Sin cacique visible, los opositores dejaban el papel de esforzadas víctimas que luchaban por democratizar un sistema corporativo y quedaban como un organismo que maneja un discurso radical pero, en el fondo, se dedica a capturar renta, cosa que ha hecho con excelencia en los últimos años. Lo que ha ocurrido en estos meses ha cambiado el contexto y el juego tradicional resulta inoperante. Primero porque ha habido una reforma constitucional que puso contra las cuerdas el modelo que permitió al SNTE (y a la CNTE) desarrollarse y segundo porque las resistencias a esa reforma han sido derrotadas jurídicamente en la Suprema Corte y políticamente ante la opinión pública. Solamente algunos radicales se atreven a defender la pervivencia de una burocracia que se desentiende del valor principal de la educación pública que es ofrecer calidad educativa. Derrotados en los dos frentes, han tratado de restaurar (con éxito relativo) la ventanilla de Gobernación para pactar en la oscuridad, recurriendo al chantaje de las marchas, una componenda que los exima del cumplimiento de la reforma. Pero en su delirio han cometido el grave error de cruzar una línea de la cual no hay retorno. Se han negado sistemáticamente a la evaluación y han dejado al gobierno en un perfil de desgaste del que no logra salir ni con los viejos, ni con los nuevos métodos de hacer política. El gobierno anunció, primero, que el censo educativo se llevaría a cabo en todo el país y no ocurrió así. Después proclamó que con la centralización de la nómina no se pagaría a los maestros faltistas y tampoco ocurrió. Posteriormente anunció que no negociaría la reforma y se abrió una mesa, de la que sabemos muy poco, con el subsecretario Miranda. Todo ello, por supuesto, palidece al lado del “papelón” que protagonizaron con la suspensión temporal de la evaluación y las sonoras (y cada vez menos creíbles) amenazas de que la evaluación se llevaría a cabo lloviese o tronase. Ha llovido y ha tronado e incluso ha relampagueado y la evaluación no se ha llevado a cabo. Ningún gobierno que se respete puede tolerar eso, pues su credibilidad y su autoridad están en entredicho y lo están no por un ejercicio de prudencia, sino por una debilidad estructural. El propio Núñez ha declarado que le pagan por hacer política y supongo que a muchos líderes sindicales se les paga por lo mismo e incluso mucho más, pero Núñez ha protagonizado la “trompetilla” más sonora a un gobierno que, incapaz de hacer política en un nuevo tablero y llevar adelante sus reformas, vacila entre el sí pero no.
Para Peña Nieto ya no hay mucho margen, el propio Consejo Mexicano de Negocios le ha pedido que no se doble y la presión nacional e internacional es cada vez mayor para que la evaluación proceda. Lo ideal sería convencer al magisterio disidente de las bondades de modernizarse y ayudar a superar los pésimos niveles de desempeño educativo. Estoy seguro que la mayoría de los profesores trabajarían en el sentido positivo si los liderazgos corporativos que los someten fuesen desarticulados. El aparato de seguridad nacional y las autoridades fiscales deberían tener suficientes elementos para meter en cintura a esos liderazgos que se oponen a una reforma que es letra constitucional y permitir así al magisterio, liberarse de los atavismos. El gobierno no puede recibir, sin una seria merma de su credibilidad, una “trompetilla” más de un magisterio disidente que parece haberle tomado la medida.
Analista político.
@leonardo curzio