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La próxima semana en el PRI “elegirán” a su nuevo dirigente. Las comillas son porque bien sabemos que en el PRI, partido férreamente vertical, sólo importa lo que diga un hombre: el Presidente (cuando es priísta, claro).
Y ayer la señal se dio: el ungido es Enrique Ochoa Reza, todavía director de la Comisión Federal de Electricidad. Aunque ayer dijo que “esperará la convocatoria” para ver si cumple con ella y en ese caso registrarse, bah. Nadie del gabinete de un Presidente priísta se atrevería a dar ese paso si antes no estuviera consultadísimo con el jefe máximo.
Curiosa elección. Tiene 25 años de militancia partidaria, nunca ha organizado y ganado una elección. Es, digamos, la elección absolutamente contraria a un perfil como el de Manlio Fabio Beltrones, colmilludísimo personaje que ha sido de todo y sin medida (para usar una frase de José José) y que aún así perdió las elecciones del pasado 5 de junio.
No fue poco lo que perdió el PRI en la pasada elección: dejó de gobernar a 19 millones de mexicanos. Tiene hoy por hoy el Presidente menos popular en la historia (al menos desde que se miden públicamente con encuestas), con tan sólo 29% de aprobación. En los careos de encuestas rumbo al 2018 no va arriba ningún priísta. Gana o AMLO o Margarita Zavala.
Algo debe haber para el destape de Ochoa Reza, ya lo descubriremos. Por lo pronto, queda claro que cuenta con el apoyo de quien tiene que apoyarlo.
Ochoa Reza es abogado por la UNAM y economista por el ITAM y maestro en Ciencia Política y Filosofía Política. En el 2006, cuando era diputado suplente, y junto con otros como Mauricio Ortiz Proal y David Martínez Staines, impugnaron la elección de Mariano Palacios Alcocer y Rosario Green como presidente y secretaria general del PRI interinos.
Fue secretario particular de María del Carmen Alanís en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue director del Centro de Capacitación de Justicia Electoral del TEPJF. En enero de 2011 fue uno de los candidatos del PRI a Consejero Electoral del entonces IFE. También fue subsecretario de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía.
Esto es, claro, si nada extraordinario sucede, como que otro candidato se registrase o retome —como desde Carlos Madrazo— un movimiento al interior del PRI pidiendo su democratización. ¿Alguien lo hará?
Quien sea que llegue deberá de dar muestras de que han aprendido la lección en las urnas del pasado 5 de junio. Es más, tendría que dar una explicación o aplicar una lección por lo que en el último mes han hecho Los Duarte&Borge con sus respectivos “paquetes de impunidad” y la particular “venta de garage” veracruzana.
Comencemos por el Norte.
En Chihuahua, el congreso local aprobó con 23 votos a favor (el PRI tiene mayoría con 17 legisladores), la iniciativa de César Duarte para adquirir una nueva deuda por 6 mil millones de pesos, la cual se cubrirá con los recursos que se registren de las cuotas en casetas de peaje en esa entidad durante los próximos 25 años.
Con esta nueva cantidad, la deuda total de Chihuahua alcanza ya los 56 mil 700 millones de pesos.
¿Y en qué se utilizará la nueva deuda? De acuerdo con César Jáuregui Moreno, coordinador de los siete diputados panistas, 3 mil serán para pagar a Inbursa y los otros 3 mil a proveedores, aunque el gobierno de Duarte argumenta que es para “inversión pública productiva”, pero no ha precisado qué quiere decir con eso.
En el Golfo, sigue la intentona de venta de garage de Javier Duarte.
Ya sabe que el helicóptero que usaba lo donó a la Fiscalía General; la casa de gobierno quería donarla a la Comisión de Derechos Humanos estatal (ha de ser muestra de su gran compromiso por el respeto y defensa de estas garantías durante su administración). También en su paquete de venta estaba la donación de 11 inmuebles, a fin de hacer un colchoncito de casi 5 mil 500 millones de pesos que irían al Instituto de Pensiones del Estado.
Este paquete jarocho estaba integrado por el Museo Interactivo, el Velódromo, Parque Doña Falla y el Jardín de Esculturas, entre otras.
En Boca del Río, Duarte había anotado en su listita el World Trade Center. Pero debido a la presión de los empresarios turísticos, en el Congreso local decidieron sacarlo de la lista.
Ayer, la priísta Mariela Tovar, presidenta de la Comisión de Hacienda decidió sacar de la orden del día la aprobación de estos dictámenes.
A esto súmele que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Duarte violó la ley durante el pasado proceso electoral, toda vez que participó en actos de campaña de Héctor Yunes Landa. Además de que tuiteó mensajes que podrían considerarse como mensajes a favor del tricolor.
Bueno, al menos el Congreso local emitió una nueva convocatoria para elegir a quien será el Fiscal Anticorrupción. El delfín de Duarte, Francisco Portilla, de plano tiró la toalla ante toda la crisis generada. La nueva convocatoria estipula que quien deseé aspirar a este cargo no debe ser o haber sido funcionario estatal, y deberá ser aprobado por las dos terceras partes del pleno. Se señala que si es rechazado algún candidato, no hay límite de tiempo para la designación. Es decir, se emitirá la convocatoria cuantas veces sea necesario.
En Quintana Roo, Roberto Borge sigue con su blindaje caribeño. El Congreso local aprobó las cuentas públicas del 2015 de la gestión del actual gobernador, y la del municipio de Solidaridad, donde el presidente municipal era Mauricio Góngora, ex candidato del PRI a dicha gubernatura. Ah, como cereza del pastel, los legisladores locales también aprobaron la designación de tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, quienes estarán en el cargo por siete años. Es decir, una linda herencia de Borge para Carlos Joaquín, gobernador electo.
Ayer Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, encabezó una reunión con maestros y pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, donde el pasado 19 de junio murieron 8 personas durante un enfrentamiento entre policía estatal y federal con maestros y pobladores y que no se ha aclarado.
Finalmente hasta el pasado miércoles se dio a conocer que la Procuraduría General de la República atraía esta investigación. Bueno, se tardaron poco, nada más 18 días. ¿Nada aprendieron de Ayotzinapa?
Se acordó instalar dos mesas de trabajo. Una de ellas será con los pobladores a fin de dar seguimiento a la investigación que realizará la PGR (participarían también representantes de la CIDH, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca), y otra mesa seguirá la atención a deudos de personas fallecidas y heridos.
Eso sí, mal le fue a Martín Vázquez Villanueva, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social. Los integrantes de la CNTE lo corrieron del encuentro en medio de gritos en su contra.
Mientras en Oaxaca funcionarios de Gobernación dialogan con la CNTE, en la Ciudad de México, donde ayer continuaron los bloqueos, lo hace la SEP. Ayer, funcionarios de esta dependencia se reunieron con representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, quienes ya publicaron una laaaarga lista de pendientes que no ha cumplido la Secretaría de Educación Pública, así como peticiones, como el rechazo “categóricamente cualquier acto de violencia”.
Esto mientras senadores y diputados del PRD acordaron la creación de una mesa de diálogo con la CNTE, a fin de elaborar un proyecto para modificar la reforma educativa.
Lo cierto el tema de los derechos humanos, sigue siendo la papa caliente de este gobierno.
El pasado miércoles, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, Roberto Campa y el subsecretario de de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas se reunieron con padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014. La idea era acordar la implementación del mecanismo de seguimiento que hará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso.
Fue una mala reunión. Los familiares de los estudiantes se levantaron de la mesa de diálogo, al considerar que no vieron voluntad política por parte de las autoridades federales.
Para Mario Patrón, director del Centro Pro, no hay un rompimiento con estas autoridades; pero sí un alejamiento. Al parecer, el gobierno mexicano desea aplicar algunas reservas a las recomendaciones hechas por la CIDH, por ejemplo la presencia de un equipo permanente de ese organismo en nuestro país.
Ayer se reunieron con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el próximo martes será la reunión con la procuradora Arely Gómez.
Ah, y hablando de derechos humanos y talones de Aquiles, el próximo domingo se cumplen dos años del enfrentamiento de policía estatal y municipal en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, donde murió el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien recibió un impacto de bala de goma en la cabeza.
Por más esfuerzos que hizo el gobierno de Rafael Moreno Valle para decir que la bala no había salido de sus policías, una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que la causa de la muerte se debió al “uso excesivo de la fuerza”.
Sin duda será el Atenco para las aspiraciones presidenciales del gobernador panista.
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