La seguridad, la justicia, el respeto a la ley son temas que preocupan y afectan profundamente a la sociedad mexicana. A México le urge que nos pongamos de acuerdo todas las partes, asumiendo el compromiso de cumplir cada quien con lo que nos corresponde.
Un alto en el camino para evaluar y comprometernos: los tres poderes de la unión y los tres niveles de gobierno, los actores políticos, los empresarios, los ciudadanos. Generar una convicción compartida de los valores que deben guiarnos y las acciones urgentes que deben emprenderse para poner en el centro de la agenda a la seguridad pública y la disminución contundente de la delincuencia, la violencia y la impunidad.
El nuevo acuerdo que México necesita no es un arreglo político, que dure lo que permitan los tiempos electorales, sino activar la transformación que sólo puede producirse cuando cada quien, cada sector, cumple con la responsabilidad que le corresponde. Hablamos de exigencia, pero también de compromiso de cada una de las partes.
Los datos más recientes deben ser un llamado a la acción. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, del Inegi), en 2015 hubo una disminución de la incidencia de delitos en el país, pero al mismo tiempo, el 72% de los mexicanos mayores de 18 años considera que es inseguro vivir en su estado. La confianza está deteriorada, y por ello la “cifra negra” también sigue en niveles muy altos: el 94% de los delitos no se denuncian o desembocan en averiguaciones previas.
Según la estimación del Inegi, el costo que provocaron la inseguridad y el delito en 2015 fue de 236 mil millones de pesos, 1.25% del PIB. Pero la cifra puede ser mucho más alta si tenemos en cuenta todos los gastos que no se reportan.
De manera preocupante, se ha observado también un aumento de los homicidios relacionados con el crimen organizado durante los últimos meses. Sin embargo, el problema no se limita al crimen organizado y la delincuencia común; hay que considerar una conflictividad social que implica, en ciertas zonas, disrupción del orden público, el estado de derecho y afecta la gobernabilidad.
Este es un problema y un desafío de todos los mexicanos; no solamente de un gobierno. No hay soluciones mágicas, sino estrategias eficaces a las que les siga el esfuerzo constante, en el día a día, de autoridades, sociedad civil, empresas, trabajadores y ciudadanos. Aquí no pueden caber las diferencias ideológicas o partidistas, ni aceptarse los pretextos de jurisdicciones de cadapoder u orden de gobierno, cuando debe mediar la coordinación y la corresponsabilidad.
El llamado es a una revisión de conjunto, a una política de Estado, con la que pongamos en claro la situación objetiva, las prioridades y los compromisos correspondientes. Hay que comenzar por puntos fundamentales, muy concretos y urgentes.
El Ejecutivo Federal, a cuatro años del inicio de la administración, debe hacer, junto con la sociedad, un análisis oportuno de la estrategia y de los esfuerzos que se han realizado. Es tiempo de fortalecer lo que ha funcionado, reconocer lo que no ha sido exitoso, y acometer lo que falta.
Los gobiernos estatales y municipales, por su parte, deben entender que la sociedad ya no quiere pretextos. Tiene que haber compromisos vinculantes en el aspecto policiaco y de procuración de justicia.
En el Poder Legislativo hay que incorporar en la agenda prioritaria todo el paquete de reformas relacionadas con la seguridad pública, que lamentablemente se ha venido politizando y postergando. Urge la legislación que se requiere para dar certeza jurídica a la actuación de nuestras Fuerzas Armadas y la legislación de coordinación y mandos policiacos.
En el ámbito del Poder Judicial deben redoblarse los esfuerzos para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, con un programa puntual con el que pueda superarse el retraso que tenemos en esta materia.
Confianza es la palabra clave: confianza para que el ciudadano pueda denunciar y encontrar justicia, para que el sistema en su conjunto funcione evitando la impunidad.
Además, necesitamos una ciudadanía que se asuma corresponsable, participativa y exigente. También desde la sociedad debemos cumplir con nuestra parte: respetar las normas, acatar la ley, educar en valores a nuestros hijos. Generar una nueva cultura de respeto de la legalidad que, por supuesto, involucre también a las empresas desde sus propios reglamentos y códigos de ética, desde la formación de sus colaboradores y la promoción de prácticas de honestidad e integridad.
México necesita, exige, que todos cumplamos nuestra parte en la solución de éste, que es el más grave problema que enfrentamos. Es un reto de largo plazo, complejo, pero tenemos que empezar hoy.
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial
