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Además de frenar cambios que se requieren para que las nuevas generaciones tengan acceso a una mejor educación, en especial en algunas de las zonas más castigadas por la pobreza y la exclusión, el conflicto con la CNTE está generando afectaciones muy graves y cuantificables en una muy diversa gama de actividades y en el mismo ánimo de la población.
Una pequeña minoría, conformada por grupos que poco representan a los maestros y en su mayoría responden a intereses particulares, está trastornando la vida económica, social y política del país, con métodos violentos e ilegales.
A los problemas de desabasto de productos básicos para la población de las regiones en las que se concentran las movilizaciones, se agrega el que padecen varias ramas industriales, comerciales y de servicios en regiones amplias e incluso con repercusiones nacionales, debido a bloqueos de carreteras y ferrocarriles.
Hay una disrupción aguda, con efectos en cadena, de ciclos de negocio y procesos productivos que son esenciales para las comunidades y para la subsistencia no sólo de las empresas, sino de sus propios empleados y trabajadores: miles de personas que dependen de su trabajo diario.
No es de extrañar el que, en esas condiciones, se estén dando paros técnicos en centros de trabajo, junto con la acumulación de pérdidas millonarias. El riesgo, totalmente real, es que éstos se multipliquen, no sólo por las causas magisteriales, sino mañana o pasado por reclamos locales o particulares: que cada quien vea por sus propios intereses, sin respetar la ley y el derecho de todos.
En el puerto de Lázaro Cárdenas se estima una disminución en la llegada de contenedores de cerca de 17%, paralelamente a la suspensión intermitente del servicio ferroviario, en ocasiones con más de 150 trenes detenidos, con un costo promedio diario de 20 millones de pesos.
Súmese a eso las filas de camiones varados de hasta 15 kilómetros que se han registrado en algunas carreteras o casos como el sector siderúrgico, que denuncia pérdidas por alrededor de 700 millones de pesos por falta de materiales.
Pero no solamente se afecta a las grandes industrias y cadenas. Muy señaladamente, están sufriendo también los daños las pequeñas empresas, que además tienen mucho menor margen de maniobra para hacer frente a las pérdidas. A ellos, que invierten su esfuerzo, su trabajo y su patrimonio personal, se les está negando la posibilidad de salir adelante, de superarse y construir un futuro para sus familias.
En el sector empresarial, el reclamo viene tanto de microempresarios locales y PyMEs regionales como de corporativos nacionales e internacionales y sus organismos representativos.
Porque los derechos humanos son de todos y éstos no se limitan al de protestar; los reclamos no pueden ser justificación para que se coarten las demás garantías legales que todos tenemos —a circular libremente, trabajar, ir a la escuela—, se violente a las personas y se dañe a las economías familiares. Las instituciones del Estado tienen la responsabilidad de garantizar el respeto a la ley, evitando la anarquía.
Una sociedad no puede funcionar si no se cumple el requisito mínimo del Estado de derecho: si se viola la ley y no hay consecuencias, si no existe seguridad física y patrimonial, ni justicia efectiva. Más aún, si la intransigencia y la violencia son premiadas con canonjías o claudicaciones, dejando el pésimo ejemplo de que la afectación a terceros es una vía efectiva para resolver problemas o soluciones a demandas, legítimas o no. Si en aras de resolver un problema político desde el diálogo, se concede la no aplicación de la ley y sus consecuencias para quien la infrinja, se generan muy graves precedentes políticos y sociales. Tolerar la infracción sistemática de la ley no va a resolver la problemática; al contrario, la perpetua.
Y en paralelo, se incuba la polarización dentro de la sociedad. El encono de unos grupos contra otros en un enfrentamiento que agrede a terceros afectados y que alienta la fractura social que a nadie beneficia y que no lleva a ningún destino positivo.
El debate educativo se debe dar, para encontrar las soluciones a los temas técnicos, pero en el marco del respeto, y no a cualquier costo: el diálogo es necesario, pero difícilmente puede prosperar bajo chantaje y a costa de los derechos de todos. El quebranto de la ley no puede quedar impune. Las soluciones sustentables están en el respeto mutuo, la legalidad y la convivencia pacífica entre todos los mexicanos. Sólo a través del fortalecimiento de las instituciones, las leyes y el Estado de derecho se podrá generar inversión y desarrollo homogéneo en nuestro país, para todos los mexicanos.
Presidente del CCE
@jpcastanon
