Más Información
Aún no se ha confirmado si habrá un periodo extraordinario para procesar el paquete pendiente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) antes del 28 del presente mes, cuando se vence el plazo para su aprobación establecido en la reforma constitucional. Está a prueba la voluntad de los legisladores y de los partidos políticos de que en México vayamos, aquí y ahora, hacia una reforma profunda de la vida pública. Además, existen acuerdos sustantivos para dar ese paso.
Como ha trascendido, entre las principales fracciones del Senado hay coincidencias hasta en 95% de cinco de las siete iniciativas estratégicas de la reforma. Tienen que ver con asuntos torales como una más precisa tipificación de responsabilidades, faltas y sanciones en la administración pública federal; las bases estructurales del propio SNA; nuevas facultades y alcances en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); y gran parte de lo concerniente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que vería incrementadas exponencialmente sus atribuciones y capacidades de fiscalización.
Las diferencias estriban en temas muy precisos, pero de enorme importancia.
Por un lado está la disyuntiva entre aprobar ahora o postergar el tratamiento de dos leyes esenciales para consolidar la reforma: la tipificación de los delitos de corrupción en el ámbito penal y la definición de competencias, procedimientos y estructura de la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Corrupción, concebida como pilar fundamental del Sistema.
En ese punto, coincidimos con quienes llaman a completar la reforma en lo esencial, como un paquete integral. La Fiscalía Anticorrupción es uno de los cuatro ejes del SNA, junto con la Secretaría de la Función Pública y demás dispositivos de contraloría interna, la ASF y el TFJA. Por supuesto, el cáncer de la corrupción y la impunidad en México rebasa por mucho el terreno administrativo.
Sin definir estas cuestiones, la reforma quedaría incompleta: como una mesa sin una de sus patas. En los casos de combate a fondo a la corrupción que ha habido en diferentes países, siempre ha sido clave la participación decidida de una instancia judicial fuerte y autónoma. Así fue el proceso “Manos Limpias” en Italia, a comienzos de los años 90.
En México necesitamos una Fiscalía Especializada con independencia de gestión. Con facultades y recursos para pasar de las noticias recurrentes de actos de presunta corrupción e impunidad ostentosa, que sólo avivan el malestar y la desconfianza social, a investigaciones profesionales: no contaminadas por motivaciones de índole política y que deriven en sanciones efectivas.
Por otra parte, las diferencias en muchos otros puntos son de grado o en el detalle, y en aquellas cuestiones donde son de mayor fondo, bien pueden conciliarse si hay disposición para el entendimiento y voluntad de acuerdo. Se trata de llegar a fórmulas que, conservando lo esencial, consideren las preocupaciones legítimas de todas las partes.
En el caso de la iniciativa 3de3 para declaraciones patrimoniales, tributarias y de conflictos de intereses, insistimos en la necesidad de que se debata y apruebe en el mismo marco de discusión de las leyes fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de una demanda de la sociedad, apoyada por más de 600 mil ciudadanos preocupados por la corrupción, y que resulta un complemento importante a las disposiciones en debate.
Consideramos que, tomando en cuenta el acuerdo en lo general, es factible encontrar los equilibrios y acuerdos en lo particular. Si hay voluntad de concretar la reforma que necesita México, y de hacerlo junto con la sociedad civil, no hay razón para posponer las cosas.
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial
@jpcastanon
