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Todo proceso electoral debe ser ocasión para pensar en el futuro desde la sociedad, que es quien tiene que marcar las prioridades de la agenda, más que los que aspiran a gobernar en su representación. Mejor aún, si en ese ejercicio de participación ciudadana se generan planes estratégicos con visión integral y representatividad, que deriven en definiciones, propuestas y compromisos concretos.
Durante décadas, por el centralismo que predominó en México, se subestimó la responsabilidad de cada entidad en su devenir, y a través de éste, en el desarrollo nacional. Ya no puede ser así.
En la enorme diversidad que existe entre las 32 entidades federativas en términos de desempeño económico, encontramos evidencia ineludible en ese sentido. A partir de ella podemos perfilar las prácticas que no funcionan y las omisiones relevantes y, en sentido inverso, los buenos ejemplos que pueden replicarse.
Tenemos cinco estados que, desde el 2000, han logrado crecer a una tasa promedio superior a 4%, más del doble del promedio nacional: Baja California Sur, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León y Aguascalientes. Si desde entonces México hubiera crecido en conjunto a ese ritmo, nuestro ingreso per cápita anual podría duplicar al actual.
Por el contrario, tenemos estados estancados, o que decrecen año a año en su actividad económica. Mientras la región del Bajío creció 40% en 20 años, en el mismo periodo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas tuvieron un saldo cero, por ejemplo.
Siempre habrá diferencias. El problema es que en este país son abismales. En un extremo, tenemos un México moderno, con altas tasas de crecimiento, vinculado con la economía global y con competitividad creciente; en el otro, uno poco desarrollado, con graves índices de pobreza e incipiente actividad industrial o de sectores con mayor valor agregado.
El Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 es ilustrativo: “La productividad laboral es dos veces y media más alta en los 10 estados más productivos que en los 10 más rezagados. No es de sorprender que la informalidad laboral y la incidencia de la pobreza en estos últimos sea considerablemente más alta”.
Debemos asumir como una prioridad estratégica nacional la reducción de estas asimetrías, con acciones concretas que nos permitan converger hacia un desarrollo equitativo. Pero aún más importante es tomar este reto como responsabilidad fundamental en cada estado. México no sólo necesita reformas estructurales a nivel federal, sino también en el orden estatal, y cada vez con mayor urgencia.
Una nota alentadora es que las mejores prácticas, las políticas públicas que han ayudado a varios estados a superar desafíos y a crecer por encima del promedio, pueden ser replicadas o adaptadas.
De entrada, se necesita un proyecto estatal de largo plazo, capaz de unir a la sociedad en lo esencial. A partir de ello, hay que conformar planes de desarrollo regional volcados a la integración de encadenamientos productivos en los nichos naturales de cada entidad, bajo el enfoque de clusters. La clave está en conjugar las condiciones necesarias para poner en marcha una dinámica de generación de valor acelerada y sostenible.
En ese sentido, se requiere de un gran esfuerzo para vincular a las empresas locales, grandes y Pymes, junto con las instituciones de gobierno y las educativas, acompañada por una estrategia coherente de desarrollo de capital humano y de innovación y desarrollo tecnológico bajo ese modelo tripartito. A la vez, un paquete atractivo de incentivos y regulación idónea, con un compromiso de los propios poderes ejecutivos por la mejora regulatoria constante, la simplificación y el impulso de medidas que potencien el quehacer de las empresas y, de esta manera, la creación de empleos.
Además, se requiere un esfuerzo institucional y de la sociedad para hacer del Estado de derecho un puntal de la confianza social que requiere el desarrollo, con condiciones de convivencia pacífica entre las personas, y gobiernos transparentes y abiertos.
Hacer todo eso toma tiempo, como ha sido el caso en sectores como el de las autopartes y el aeronáutico en Querétaro. Sin embargo, como dice el proverbio chino, si el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años, el segundo mejor es hoy. Se trata de un asunto que no puede evadirse en las campañas ni en el debate público de todos los estados.
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
@jpcastanon