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Más de mil empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana —de todos los rincones del país, de empresas pequeñas, medianas y grandes— nos reunimos hace algunos días en la ciudad de Chihuahua.
El eje temático de nuestro encuentro empresarial fue la confianza en la justicia, como condición para lograr la paz social y el desarrollo democrático.
¿Por qué los empresarios se reúnen para hablar de confianza en la justicia?, se preguntará el lector. En Coparmex sostenemos que el respeto a la ley, el orden, el combate a la impunidad y la impartición pronta y expedita de la justicia en todos los ámbitos de la vida cotidiana tienen una trascendencia tan importante como las reformas económicas y educativa.
La reforma a la justicia sigue siendo la Gran Reforma pendiente. El fortalecimiento de las instituciones y del Estado de derecho es el eje transversal que nos permitirá avanzar en el desarrollo y así generar mejores condiciones de vida.
No habrá progreso duradero si no tenemos confianza en que la justicia es para todos, con la certeza de que los delitos sean investigados y castigados siempre, sin distinción de privilegios por condición social, económica o política.
Tres pilares son los fundamentales para la construcción de una nación próspera: 1. Condiciones económicas de progreso, para que se genere prosperidad y acceso a oportunidades para cada vez más mexicanos. 2. Educación y formación de talento para construir las capacidades humanas que afronten con éxito el futuro, y 3. El Estado de derecho, nuestras leyes para que convivamos en paz y armonía todos.
En Chihuahua, propusimos emprender con sentido de urgencia algunas medidas para avanzar hacia la reforma de nuestro sistema de justicia:
1. Extender el sistema de juicios orales a otros ámbitos jurisdiccionales además del penal, para que la impartición de justicia sea pronta y expedita, y los procedimientos, transparentes.
2. En el ámbito de las instituciones que imparten justicia, asegurarnos de que los nombramientos de funcionarios —desde jueces de primera instancia, hasta los ministros de la Corte— sean basados en el mérito y la acreditación de conocimientos, al amparo de un perfil profesional que permita el desarrollo de una carrera jurisdiccional, sin cuotas partidistas o de intereses de grupos.
3. Que el debate de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción se lleve a cabo de manera transparente, junto con la sociedad. Proponemos que el comité encargado de coordinar dicho sistema sea presidido por la sociedad civil: la “séptima silla”, siendo las seis restantes ocupadas por cada una de las instituciones públicas que conforman el sistema.
4. Que las iniciativas en materia de justicia cotidiana se aterricen desde la vida municipal, en todos los órdenes, para que todo punto de contacto del ciudadano con la autoridad, cualquiera que sea su naturaleza, sea con equidad, prontitud, inclusión y transparencia.
5. Que se implementen los mandos únicos donde sea necesario, y que se apruebe una Ley Nacional de Policía para unificar los criterios y protocolos de actuación y contacto, de las fuerzas del orden local y federal con los ciudadanos.
6. Que se concrete una Ley de Seguridad Nacional que dé certidumbre y marco jurídico apropiado a nuestras Fuerzas Armadas, para que sigan cumpliendo plenamente con la gran labor de velar por el orden y la seguridad desde lo local, ahí donde sea necesario.
No hay soluciones fáciles, pero a México le urge que fortalezcamos nuestras instituciones para que verdaderamente sean fuente de certidumbre y justicia.
Los mexicanos necesitamos recuperar el ánimo, el aliento, la esperanza, la seguridad en el futuro, para invertir, para que las empresas crezcan y generen empleos y estos cada vez sean mejores en calidad incorporando conocimiento y capacitación, tecnologías para que los mexicanos tengamos el país que anhelamos: un México de instituciones; justo y próspero para todos, con equidad. El México que merecemos.
Presidente nacional de Coparmex.
@jpcastanon
