El camino que ha llevado a la integración del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), emprendido hace casi tres años, es muestra de los logros alcanzados en materia de la necesaria construcción de consensos para la implementación de una política pública de tal envergadura; sin embargo, no ha estado exento de situaciones en las que se han manifestado críticas respecto a la manera como se han integrado sus componentes, o bien acerca de su funcionamiento.
No debemos caer en la confusión de que la operación del Sistema tuvo su punto de partida el 19 de julio de 2017 con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades; el SNA ya estaba funcionando previamente. La estructuración del Comité de Participación Ciudadana, incluyendo a su Comité de Selección, debe considerarse como el verdadero inicio de este proyecto.
En esta primera etapa se procedió con un nivel de transparencia y apertura inédito, más aún si se tiene en cuenta la complejidad del asunto, el malestar que la corrupción produce en el tejido social y la dificultad de desprender una serie de posturas subjetivas de los elementos técnicos que lo constituyen. Por ello, considero muy delicado que algunas expresiones de distintos actores —basadas en una perspectiva estrictamente personal— tengan como objeto, o arrojen como resultado, el descrédito de este esfuerzo institucional.
Veo con entusiasmo que haya manifestaciones ciudadanas en defensa del Sistema; no obstante, es fundamental puntualizar que el SNA no constituye un mecanismo de solución inmediata de temas específicos vinculados con la corrupción, ni fue diseñado para actuar como una instancia paralela de investigación y de procuración de justicia. Estamos frente a un fenómeno de larga data que ha permeado ampliar áreas del ejercicio gubernamental y privado; no va a ser fácil revertir la enorme inercia existente en el corto plazo, ni es razonable concentrar todas las capacidades en acciones efectistas para la coyuntura, pero ineficaces para la consecución de los objetivos del SNA.
El Sistema abre un espacio central a la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción; esto, sin embargo, debe plasmarse en una coordinación efectiva entre sociedad y autoridades. La base del Estado de Derecho consiste en que las instituciones se circunscriban a actuar conforme su mandato y de acuerdo a la ley; no pueden apartarse de los mismos para satisfacer demandas de carácter mediático, que deben canalizarse por vías apropiadas. Esto muestra también la necesidad de profundizar en la coordinación interna del Sistema, con el objetivo de que los recursos previstos sean empleados de la manera más adecuada.
El día de ayer venció el periodo para la integración de los Sistemas Anticorrupción Locales; treinta y dos sistemas que deberán reflejar las atribuciones y estructura del constituido a nivel federal. En ese sentido, la ASF avala categóricamente lo que se ha creado hasta el momento, puesto que, a nuestro parecer el SNA ofrece la única vía practicable para analizar y resolver, de manera objetiva, técnica y coordinada, las situaciones estructurales en la gestión pública que generan condiciones de impunidad, falta de transparencia y discrecionalidad. A través de la implementación de un ambiente de control, en el que el funcionario esté consciente de que su actuación está siendo examinada y que las irregularidades tendrán consecuencias, será posible reducir la incidencia de este problema.
En días pasados presentamos una propuesta de temas a integrar en el Plan de Trabajo del SNA, entre los que se encontraba la necesidad de discutir a fondo cuáles son los requerimientos financieros y materiales para apoyar las tareas de procuración de justicia en el país, o un análisis de riesgos en la operación del propio Sistema y los de los estados; seguimos creyendo que abordar asuntos de carácter transversal es de la más alta prioridad. La sociedad tiene altas expectativas en este proyecto; no la defraudemos destruyendo lo que apenas empezamos a construir.
Auditor superior de la Federación
