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En una construcción, las primeras etapas consisten en asentar la cimentación y erigir los componentes estructurales; distintos elementos van añadiéndose posteriormente para incrementar la resistencia del edificio y dotarlo de funcionalidad. Recurro a este símil para destacar la importancia de una de las primeras acciones concretas de cooperación interinstitucional en torno a la puesta en operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): la firma de un Convenio General de Colaboración entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el pasado 25 de abril.
No es primera vez en que dos entidades públicas acuerdan, de manera formal, establecer un marco que permita la creación de sinergias en torno a un objetivo común; lo que hace a este Convenio cualitativamente diferente es que tiene un encuadre de mayor envergadura que incluye a entidades de los tres Poderes de la Unión y se relaciona con una expectativa ciudadana muy concreta: reducir la impunidad. En este caso, los actores son el ente fiscalizador a nivel federal y la instancia encargada de representar el interés de la Nación en los procedimientos judiciales a que haya lugar para perseguir y sancionar actos de corrupción.
Ha sido un tema recurrente entre distintos analistas y formadores de opinión el concepto de dotar a la ASF de “dientes” para que pueda aplicar medidas punitivas como parte de su actuación; sin embargo, la auditoría gubernamental, por la mera razón de la imposibilidad de ser juez y parte, siempre se ha mantenido separada de la aplicación de este tipo de acciones que, por naturaleza, deben atenderse en el ámbito judicial.
Es por ello que el Convenio en comento representa, para ambos firmantes, la posibilidad de alcanzar un nivel superior en su interacción, al mostrar el valor que tienen las observaciones y los hallazgos derivados de la fiscalización superior para disuadir la comisión de actos irregulares o corruptos y la manera en que su confiabilidad representa un elemento de convicción irrefutable en la presentación de los argumentos del fiscal ante un juez en la prosecución de una denuncia de hechos.
La implementación del sistema penal acusatorio y los juicios orales demandarán que, en determinados casos, la autoridad fiscalizadora sea requerida en los procesos, por lo que será indispensable que exista un excelente nivel de cooperación con la PGR, con el fin de poder defender, de manera efectiva, el interés de la ciudadanía. El Convenio permitirá que esta interacción pueda darse en los mejores términos.
Hemos afirmado que el SNA busca, primordialmente, prevenir que existan condiciones estructurales en el ambiente en el que opera el sector público que posibiliten la corrupción, en vez de buscar abatir este fenómeno exclusivamente a través de sanciones; dentro del contexto del SNA, la vertiente punitiva encontrará una nueva fuerza, puesto que estará integrada a un ámbito sistémico, lo que le permitirá tener un efecto multiplicador respecto a otros casos, operar efectivamente como un disuasivo y contribuir al principio constitucional de justicia pronta y expedita.
Lo que la ASF aportará en materia de evidencia deberá reflejar el perfil eminentemente técnico de su actuación, derivado de los principios de autonomía e independencia que son la base de la credibilidad de sus resultados. La mejor señal de que nuestro trabajo aporta un valor y un beneficio a la ciudadanía no pasa por el número de acusados o de condenas, sino por la existencia de un pleno aprovechamiento de los recursos destinados a atender las necesidades de la sociedad, caracterizado por la eficiencia, la eficacia y la transparencia de la acción gubernamental.
Auditor superior de la Federación
