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El año que inicia presenta un panorama atípico en la operación de todas las instituciones del país encargadas de la revisión del uso que se le da a los recursos públicos: las nuevas disposiciones en materia de fiscalización y, por extensión, en la política del Estado para combatir la corrupción nos obligan a hacer una seria reflexión respecto a lo alcanzado hasta ahora y las perspectivas que se nos presentan en el futuro inmediato. Esto impactará a las instancias gubernamentales en el orden federal, estatal y municipal; en los tres Poderes de la Unión; e inclusive, en las organizaciones ciudadanas, de investigación y académicas, medios de comunicación y formadores de opinión.
A fin de llevar a la práctica la filosofía que sustenta al Sistema Nacional Anticorrupción, corresponde ahora iniciar la construcción de las estructuras que llevarán a cabo las tareas de esta política de Estado. Esto incluye, como punto medular, la designación de funcionarios que tendrán a su cargo estas importantes responsabilidades, la disposición de los recursos necesarios y la integración de la sociedad civil para que contribuya a estos proyectos.
En este sentido, cabe mencionar que en diciembre pasado se llevó a cabo la firma de convenios de coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las Entidades Fiscalizadoras de los estados a través de los cuales las partes se comprometen a avanzar en la homologación de sus praxis, a la implementación de normas profesionales comunes, a complementar sus esfuerzos a fin de alcanzar una mayor cobertura en sus revisiones y a promover la máxima publicidad de sus hallazgos. Se trata, prácticamente, de un relanzamiento de las bases de la fiscalización en México.
Del mismo modo, se acordó llevar a cabo una reestructuración sustantiva de los distintos Grupos de Trabajo que integran el Sistema Nacional de Fiscalización, con el fin de que ofrezcan los insumos necesarios a la política anticorrupción del país; quiero destacar al respecto la disposición de la Secretaría de la Función Pública para alcanzar los acuerdos pertinentes y la renovación de su compromiso en esta labor. Queda una tarea considerable y compleja, que es la integración de los sistemas anticorrupción a nivel estatal, y en la que deberemos cooperar todas las partes involucradas, incluyendo a los Legislativos estatales.
Será necesario dar seguimiento a lo que sucede con los auditores superiores estatales cuyas entidades federativas han experimentado un cambio de gobierno. El hecho de que sean destituidos sin mediar una razón administrativa y/o técnica transparente, representa una seria amenaza al éxito de la implementación de los sistemas locales anticorrupción; deja entrever una falta de compromiso con la institucionalidad, la autonomía e independencia de los fiscalizadores y, lo que es peor aún, refleja una inadecuada lectura de los actores políticos respecto a la nueva realidad que enfrenta México.
Adicionalmente, la ASF inicia una etapa de transición, al cumplirse en diciembre de 2017 el periodo marcado por Ley para ratificar al actual titular, o bien abrir el proceso de renovación de su mando. Si bien esta situación obliga a llevar a cabo una serie de tareas administrativas al interior de la institución, las líneas generales de su actuación se mantendrán invariables, y con el esfuerzo de todos sus integrantes se continuará avanzando en la labor de arraigar en la cultura administrativa de México la obligación de promover la rendición de cuentas ante la ciudadanía, cuyo interés es el fin último de toda acción de gobierno. Aprovecho este espacio para desear a los lectores lo mejor para 2017.
Auditor Superior de la Federación
