A casi cuatro meses de la publicación del marco legal que rige el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aún no es del conocimiento público la manera en la que funcionará esta estrategia del Estado mexicano. Ciertamente, para la población no especializada en temas de administración pública, la existencia de un conjunto de leyes resulta abstracta, en tanto que no permite una visualización sencilla de qué va hacer cada quien.
Distintas instituciones, entre las que destaca la Auditoría Superior de la Federación, deberán ajustar su actuación para llevar a la práctica un esquema de coordinación, intercambio de información y el desarrollo de procesos concurrentes para determinar la existencia de irregularidades, la aplicación de sanciones y la modificación de estructuras y prácticas conducentes a la afectación del interés general.
No sólo se trata de un esfuerzo gubernamental; en la concepción sistémica de esta iniciativa juegan un papel central la participación ciudadana, la presión de la opinión pública y la manera en cómo se conforman las expectativas sociales en relación con lo que se consideraría, en el colectivo, un combate efectivo de la corrupción.
Un indicador de que el SNA está funcionando radica en la posibilidad de que una inquietud social se convierta en un tema de Estado. Si se logra que una denuncia ciudadana, sustentada con información obtenida a través de las políticas de transparencia derive en un trabajo de fiscalización, que a su vez tenga consecuencias penales y administrativas y que, inclusive, propicie modificaciones relevantes en la normativa, entonces estaremos hablando de un sistema efectivo.
Otra de las características de este nuevo entorno es que los productos que tradicionalmente generaban los entes involucrados en la auditoría gubernamental, adquirirán una mayor importancia y permitirán constituirse en instrumentos de cambio institucional.
Por ejemplo, la ejecución de revisiones por parte de los entes fiscalizadores superiores tiene una utilidad en sí misma, ya que proporciona una imagen fidedigna del uso de recursos presupuestales. Sin embargo, en el contexto del SNA adquirirán un valor adicional puesto que permitirán la detección, bajo determinados supuestos, de problemas que se ubiquen de manera transversal en la administración pública de nuestro país.
El definir la recurrencia de este tipo de prácticas, es el primer paso para establecer medidas correctivas y preventivas, no sólo aplicables al supuesto de la auditoría original, sino extensibles a la totalidad de las situaciones similares.
Parte del diseño del SNA era generar un efecto multiplicador como el mencionado, es alentador que la fiscalización, el control interno, la transparencia, la participación ciudadana, así como la imposición de sanciones, pueden traducirse en una rendición de cuentas más efectiva que, hay que recordarlo, debe tener el interés del ciudadano como punto focal de todos los esfuerzos.
Respecto a lo que la ciudadanía puede esperar de este nuevo modelo de combate a la corrupción, es necesario ser realistas sobre los verdaderos alcances del Sistema en el corto plazo, con el fin de no generar un sentimiento de frustración social e inclusive de animadversión.
Todos estos temas serán tratados, bajo diferentes perspectivas, el día de hoy en el Seminario “Desigualdad Social y Corrupción: el Estado bajo captura”, que organiza la Red por la Rendición de Cuentas. Invito a los lectores a que den seguimiento a las discusiones y conclusiones de este evento en el sitio http://congreso.rendiciondecuentas.org.mx/.
Auditor superior de la Federación
