Hoy 17 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace entrega a la Cámara de Diputados y a la ciudadanía en general, del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014. Se presentarán los hallazgos de cada una de las auditorías practicadas, así como un Informe General, en el que se incluye un análisis de la gestión gubernamental, destacándose temas que demandan una atención particular en función de su impacto sobre el desarrollo del país y el bienestar de la población.
El volumen de la información será, evidentemente, muy elevado; las auditorías realizadas abordaron temáticas de considerable complejidad como el gasto federalizado, obras de infraestructura, ingresos o deuda pública, entre otros, por lo que sus resultados abarcan un amplio espectro de situaciones, que, en términos generales, pueden derivar en dos tipos de consecuencias.
La primera, tal como está previsto en la normatividad aplicable, se refiere a la promoción de sanciones administrativas y a la presentación de denuncias de hechos; la segunda vía tiene que ver con la manera en que se aprovechan los resultados de la auditoría gubernamental, no sólo por los entes auditados, sino por otros actores, como el Poder Legislativo, la academia, y las organizaciones de la sociedad civil.
Esta segunda ruta puede percibirse como menos importante en comparación con la primera pero, en realidad, constituye el elemento más propicio para fortalecer la rendición de cuentas a mediano y largo plazos y dar pie a una nueva cultura administrativa, basada en la identificación de riesgos y la toma de acciones preventivas, con el fin de evitar la materialización de las vulnerabilidades.
A mi parecer, tiene tanta validez e importancia la vertiente sancionatoria como la preventiva; esta afirmación parece ir a contracorriente de una de las concepciones prevalecientes respecto a la lucha contra la corrupción: me refiero a que el problema de todo se reduce a la impunidad.
Ciertamente, este argumento es válido y veraz, pero debe ser matizado: la impunidad puede ser a la vez origen de actos irregulares o bien su producto, al ubicarse al final del proceso. Es preciso tener en mente que las distorsiones que se producen a lo largo de la acción gubernamental pueden tener un impacto considerable en el bienestar social, y requieren de la misma atención por parte del ente auditor, que aquellas manifestaciones más evidentes a los ojos de la opinión pública.
Una verdadera cultura de la prevención administrativa representa el factor determinante para cambiar el rumbo de la gestión gubernamental en México: es el primer paso para combatir la impunidad.
El Sistema Nacional Anticorrupción parte del principio de que lo correctivo y lo preventivo son caras de una misma moneda. La preocupación que existe en algunos sectores respecto a que lo importante de la presentación del Informe del Resultado es el anuncio de sanciones, lo cual puede reflejar un sesgo que, precisamente, el Sistema pretende trascender.
Reitero que la Auditoría Superior de la Federación entiende su responsabilidad como la de un órgano independiente y autónomo del Estado federal mexicano. Estamos conscientes de que los resultados de la labor fiscalizadora se ventilan en la arena política, sin embargo, la posición técnica y neutral —que forma el núcleo de la visión institucional— asegura a todos los actores involucrados y a la ciudadanía en general, que pueden confiar en nuestro trabajo.
Auditor superior de la Federación
