Nuestro país fue anfitrión, del 23 al 27 de noviembre pasados, de un evento internacional de gran trascendencia para el ámbito de la auditoría gubernamental: la XXV Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). En la ciudad de Querétaro se reunieron más de 200 delegados de la región para discutir distintos temas relativos a la manera en cómo se revisa el uso de los recursos públicos, intercambiar experiencias y buscar nuevas alternativas para proteger el interés de los contribuyentes quienes, en última instancia, son los que aportan los medios económicos para el funcionamiento del Estado.
Una reunión de esta naturaleza resulta interesante, puesto que los países que conforman la OLACEFS no sólo tienen problemas estructurales muy similares a los de México, sino que comparten una cultura administrativa heredada del pasado colonial y de dos siglos de regímenes de democracia ocasional, en la cual el concepto de rendición de cuentas es más bien tenue.
En efecto, los gobiernos de carácter autoritario no estaban especialmente obligados a justificar su ejercicio ante la ciudadanía. En términos generales, y de manera más acentuada en unos países que en otros, la opacidad y la discrecionalidad abrieron espacios propicios a la corrupción y a una visión patrimonialista del poder; mientras que las instituciones encargadas de revisar su actuación estaban bajo el control de quienes ejercían el poder.
Afortunadamente, esta situación ha cambiado notablemente en nuestra región. Los cambios políticos de finales del siglo XX han propiciado que la sociedad asuma una conciencia distinta sobre el papel del gobierno; asimismo, se reinventaron y crearon instituciones que fungen como contrapesos efectivos y que tienen como tarea promover la transparencia, la integridad y la responsabilidad de los funcionarios.
Uno de los temas discutidos en la Asamblea General versó, precisamente, acerca de cómo construir mejores vías para que la sociedad, en tanto receptora de los bienes y servicios derivados de los programas y las políticas públicas, pueda aportar —como insumo— sus perspectivas, recomendaciones y demandas para las tareas de fiscalización.
En México este elemento es de gran importancia, por ejemplo, la operación de distintos fondos federales (salud, educación, infraestructura, seguridad, entre otros) contempla, de manera formal, la integración de consejos ciudadanos con la potestad de evaluar la calidad, oportunidad y cumplimiento de los proyectos. La institución a mi cargo diseñó, para reforzar este mecanismo, una línea telefónica específica de denuncia anónima para que la ciudadanía pueda notificar cualquier abuso.
El segundo tema tratado en la Asamblea General fue la necesidad de incrementar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la auditoría gubernamental. La sistematización de procesos, el uso de documentación digital, la integración de bases de datos de acceso público resultarán, sin duda, en importantes ahorros, incrementos en la eficiencia y confiabilidad de la información y la reducción de espacios de opacidad.
Este evento incluyó, además, la elección de la Auditoría Superior de la Federación como Presidencia de la OLACEFS. Dicho nombramiento representa un reconocimiento al liderazgo de nuestro país en materia de fiscalización y nos permitirá, desde una posición privilegiada, coordinar los esfuerzos de instituciones pares del continente ya no hacia la retórica y principios generales, sino en pos de metas técnicas precisas, que mejoren cualitativamente el servicio que rendimos a la sociedad.
Auditor superior de la Federación
