El momento por el que atraviesa nuestro país es tal vez poco auspicioso como para ofrecer a la ciudadanía, a los formadores de opinión y a los grupos organizados, la renovación de un compromiso para coadyuvar a la eliminación de la corrupción en los Tres Poderes de la Unión, y a los tres niveles de gobierno.
La credibilidad es un factor de la mayor importancia en cualquier proyecto, puesto que permite que la sociedad y sus actores comprendan el alcance de las acciones que se quieren llevar a cabo, hagan suyos los objetivos que se ofrezcan y colaboren de manera activa en su consecución.
Para generar este componente se requiere lograr resultados parciales positivos, comunicar de manera clara y comprensible la situación, y comprometerse de manera institucional a alcanzar las metas siguientes que se hayan trazado.
Sin embargo, la credibilidad alcanzada no es estática ni está garantizada; las condiciones para mantenerla se van modificando en la manera en que los actores y el entorno se hacen más complejos o sus interacciones se modifican de manera sustancial.
Asimismo, puede resultar un elemento frágil, puesto que la opinión pública se nutre de un conjunto muy amplio de elementos, la mayoría de ellos fuera del alcance de las autoridades gubernamentales, cuyo análisis no siempre está basado en elementos objetivos, sino en percepciones.
De ahí que el escepticismo que manifiesta una parte de la opinión pública respecto a la existencia de una voluntad auténtica de cambio y las capacidades para crear los marcos de actuación y los instrumentos legales necesarios por parte de las instituciones gubernamentales para el combate a la corrupción, sea uno de los factores más complicados de compensar en la etapa de creación de la infraestructura y de los medios necesarios para un proyecto tan ambicioso como el que nos ocupa.
Es necesario entonces, que asumamos esta situación como parte de los asuntos pendientes de atención, y que la mejor manera de hacerlo es a través de una renovación de nuestro compromiso con los objetivos que nos fijamos hace cinco años cuando nació el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).
La encomienda que nos planteamos fue generar un punto de encuentro y colaboración de los responsables de las tareas de auditoría pública de todo el país. El desafío es considerable debido a que la coordinación no es una tendencia natural de las organizaciones.
Como sabemos, finalmente la visión sistémica se impuso y hoy contamos con la estructura legal para el desarrollo de una política de Estado en materia de combate a la corrupción, acorde con las líneas y horizontes que de manera valiosa va marcando la sociedad civil, como aliada indispensable. La dirección de las reformas fue la correcta; ahora falta crear las condiciones para su implementación efectiva.
En este contexto, tanto en la Secretaría de la Función Pública como en la ASF, organizamos un evento el día de ayer para renovar el Sistema Nacional de Fiscalización y, con ello, iniciar formalmente los trabajos del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta estrategia conjunta está dirigida a afianzar la coordinación entre todos los miembros y a consolidar nuestras dinámicas de colaboración, con el fin último de que la auditoría gubernamental produzca valor y beneficio a los ojos ciudadano.
Auditor superior de la Federación
