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Aún puedo recordar cuando las noticias principales eran el desempleo, la desigualdad y las devaluaciones sexenales. No es que las añore porque además, siguen presentes, sino que ahora la nota la dan extorsiones, secuestros, violaciones, trata, homicidios, robos, etcétera; que ya llegaron a niveles inusitados de violencia y son una muestra de que algo marcha mal en el país.
Quizá lo más preocupante del reporte comparable con países en procesos bélicos, es que los ciudadanos pensemos que es un panorama usual y por eso no hay una solución eficaz. No le podemos dar a los dirigentes políticos semejante válvula de escape para su incapacidad de llevarnos en dirección distinta en materia de seguridad y justicia. Su irresponsabilidad ha sido patente ante los enormes desaciertos en que han incurrido, particularmente, en la última década.
El presente y futuro económico parece descansar en tres actividades fundamentales: la manufactura, el turismo y la agroindustria. El país tiene condiciones increíbles en geografía/clima, redes comerciales y estructura poblacional para consolidarse en cada uno de estos sectores, y ofrecernos un creciente número de empleos bien pagados, mejor calidad de vida, desarrollo cualitativo y movilidad social. Sin embargo, todas estas condiciones están en riesgo de no consolidarse.
Caso emblemático es el turismo. A diferencia de la manufactura, que en lo inmediato encontrará límites a su capacidad de generar empleos, a merced de la robotización y tecnificación de líneas de producción; en la oferta de servicios a visitantes, la posibilidad de generar empleos no se va a perder con el tiempo porque supone la atención de personas.
No obstante, en vez de estar planeando cómo fortalecer el funcionamiento de un capital turístico esparcido en el territorio nacional, vemos una nueva ola de violencia en lugares como Cancún y Playa del Carmen. La joya de la corona está en riesgo frente al panorama internacional, como ocurrió en Acapulco. Lo alarmante es que, a pesar de las graves consecuencias, las autoridades persisten en repetir las mismas acciones de los últimos años.
No podemos seguir engañándonos y pensar que la seguridad mejorará con la ruta actual de violencia. En las raíces del problema tenemos que voltear hacia la política prohibicionista de drogas que le obsequia a la delincuencia un alud interminable de recursos económicos con los cuales desafían al aparato estatal. Estamos arruinados, este círculo vicioso ha resultado en grupos delincuenciales diversificados a toda una serie de actividades que incluyen no sólo al narcotráfico, sino también al secuestro, extorsión, y toda clase de robos (hasta de combustibles).
Por ello, y ante las alarmas rojas prendidas en todo el país, resultan incomprensibles e injustificables las acciones de las autoridades. Debemos trabajar de fondo en la reconstrucción de las fuerzas policiales, transitar a las Fuerzas Armadas gradualmente a los cuarteles, generar plena visibilidad y monitoreo ciudadano de las tareas de investigación, procuración y administración de justicia.
No podemos seguir viendo cómo el país se quema. La situación reclama de los actores públicos, un cambio para tener acciones en las que se utilice material extintor y no el combustible con el que se ha venido atacando el mal infructuosamente. No podemos esperar a que las cenizas sean todo lo que veamos, y que nos parezca normal la devastación. Ese es el riesgo que se vive, como cuando a una rana se le coloca en una olla y el agua se calienta gradualmente, ésta perece al estar en ebullición, pues no se dio cuenta de la temperatura. Al paso que vamos parece que las autoridades nos confunden con sapos.
Secretario General de México Unido Contra la Delincuencia
