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Cumplidos los 100 días de la presidencia de Trump en EU, quizá lo más interesante es lo poco que realmente ha sucedido. Muchas de las más preocupantes propuestas electorales naufragaron. La razón no fue que el señor Trump hubiera perdido ímpetu, sino que se vio imposibilitado para desplegar sus excesos debido a la existencia de controles institucionales. En la especie, autoridades judiciales y el Congreso de EU evitaron, por ejemplo, que se pudiera aplicar el decreto de restricciones migratorias y la abrogación de la legislación en materia de salud (Obamacare), respectivamente. Límites legales restringieron que decisiones irracionales o antijurídicas vieran la luz.
La reflexión es pertinente para determinar si esas mismas herramientas están vigentes en nuestro país. La realidad es que con los pies en la tierra no podemos afirmar que en México existan los balances que restrinjan potenciales abusos del Ejecutivo federal. No lo ha sido en el pasado y no lo será en el futuro previsible. Lo preocupante es que en la teoría sí existan las instituciones que deban ser esos contrapesos y, sin embargo, en los hechos no cumplen sus funciones. Lejos de establecer fronteras a las decisiones del Presidente, esas instituciones se han vuelto sus cajas de resonancia.
De entrada tenemos a los otros poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial. En el caso del Congreso, la filiación y disciplina partidista se traduce en que no se gestionan la discusión profunda entre los legisladores, sino más bien se ven rounds de sombra que finalmente resultan en la imposición en ambas.
Por lo que hace a los jueces, el control se ejerce a través de una red de complicidades y favores que se extiende hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Unamos a este rubro la existencia de “operadores” (abogados corruptores del sistema) y el control es absoluto.
Ese mismo fenómeno de cooptación vertical, aunado a la supuesta renovación (más bien relanzamiento y eliminación de estructura y experiencia previa), se tiene claramente en instituciones como: Cofece, IFT, INE, Inai, Inegi y otras más (y se amenaza en hacer lo propio con el Banco de México, el último gran bastión de independencia y autonomía).
La ausencia de pesos y contrapesos en el contexto nacional no es algo insignificante. Al ver lo que ha sucedido en estos tres meses recientes en EU, las alarmas deberían estar sonando con absoluta energía para destacar que en México no tenemos los candados que puedan contener los extremos de quien hoy ocupa la primera magistratura en el país, y sobre todo de quien pueda llegar en 2018 a dicha responsabilidad.
El escenario es doblemente preocupante si agregamos el ingrediente de no contar en nuestro país con un filtro de excesos como lo es la segunda vuelta en la elección presidencial.
Tenemos poco más de un año para llegar a los comicios de 2018. Con la responsabilidad y seriedad que el caso amerita, deberíamos como nación generar una agenda de fortaleza institucional que mejore nuestras capacidades en el tema de pesos y contrapesos. En este rumbo los ejemplos que vienen como las designaciones del fiscal general de la República y el fiscal anticorrupción son importantísimos, ya que deberían gozar de la independencia, autonomía y experiencia necesarias.
Estamos así en una fase definitoria de si en nuestro país tendremos las mejores herramientas para mantenernos dentro de un cauce de racionalidad y Estado de Derecho en los tiempos por venir. La diferencia puede ser el saber si nuestro país puede resistir embates como ha sucedido en EU y seguir en la ruta de las libertades y la construcción de oportunidades y crecimiento económico, o si por el contrario podríamos llegar en un extremo a acercarnos a lo que tristemente es el destino venezolano. Tenemos poco tiempo para crear las condiciones que nos orienten hacia uno u otro destino. Urgen reales pesos y contrapesos. No podemos darnos el lujo de los extremos o la improvisación.
Secretario General de México Unido Contra la Delincuencia
