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En las últimas tres o cuatro décadas ha aumentado de manera notable el número de personas que en lo individual, o mejor aún, asociadas en organizaciones de la sociedad, se han interesado seriamente en adquirir un buen conocimiento de los problemas ambientales que afectan al mundo, pero especialmente los propios de nuestro país y muchas de ellas se han vuelto activas en promover su solución y evitar que ocurran a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por lo menos en mi percepción, en las ONG ambientalistas que conocí desde fines de la década de los 60 y principios de los 70 ha ocurrido un cambio notable, especialmente en la seriedad y capacidad de organización: las actuales son mucho más numerosas, la mayoría poseedoras de buena información acerca de los temas que les interesan y además con una presencia muy amplia en casi todo el territorio mexicano. Sin embargo, en muchos casos esa ciudadanía no encuentra, cuando existen, los caminos para actuar plenamente porque desconoce la existencia de algunas normas o leyes o formas de proceder.
Esta última idea fue la disparadora de la inquietud que llevó a la escritura de un libro diseñado para la ciudadanía preocupada por los problemas ambientales de su entorno, pero que por razones naturales no es experta en los temas y desconoce muchas veces la existencia de estamentos legales que le darían base a sus preocupaciones y le permitirían ir más allá de preocuparse.
El ministro José Ramón Cossío Díaz, la doctora Julia Carabias y quien esto escribe pensamos que era necesario que el público general conociese de la existencia del Código Penal de Delitos Ambientales y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, publicada hace apenas dos años y que está fundamentada, entre otros, en dos puntos centrales: a) el derecho a un ambiente sano como un derecho humano y b) que el ambiente se convierte en patrimonio de todos y en consecuencia una persona puede proteger ese bien común, independientemente de que sea afectado por su deterioro. Para ello contamos con la indispensable ayuda de juristas, la mayoría magistrados federales: Miguel Ángel Aguilar López, Gabriel Calvillo Díaz, Héctor Lara González, Salvador Mondragón y Ricardo Reyes Paredes, eficientemente organizados por la magistrada Emma Meza Fonseca. Se escribieron versiones sucesivas del texto de los autores, que revisamos quienes aparecemos como coordinadores de la obra, hasta que la versión final fue revisada con cuidado por Antonio Bolívar para lograr un texto preciso, pero llano y accesible para los no expertos. El libro no solamente explica claramente a los ciudadanos los alcances de la ley (que está también incluida en el texto), sino que además explica con todo detalle cómo pueden ejercer su derecho para demandar a particulares —y en ciertos casos a las autoridades— con ejemplos de cómo realizar una denuncia y las direcciones y teléfonos de las delegaciones de la Profepa y las autoridades ambientales de cada entidad.
La obra ha sido editada por el FCE con el patrocinio económico inicial de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) y lleva el título de Defensa legal contra delitos ambientales, cuya presentación —hace unos pocos días— tuvo lugar en la librería Rosario Castellanos del FCE, y en la que participaron como comentaristas el doctor Guillermo Haro B., titular de la Profepa, la doctora Alejandra Rabasa, jurista especializada en asuntos ambientales, y el analista político y colega de este diario, el profesor Ricardo Raphael. Invito a todos los ciudadanos interesados en la defensa del ambiente a adquirir este libro, producido por el FCE a un precio muy modesto.
Coordinador nacional de la Conabio e investigador emérito de la UNAM
