Más Información
Luisa María Alcalde llama a Chiapas a respaldar segundo piso de la 4T; Morena debe defender gobierno de Sheinbaum, asegura
PPEP 2025 prevé recortes a cultura, medio ambiente, salud y agricultura; Mejoredu contempla una disminución del 50%
México vive tiempos inéditos por reformas aprobadas, dice Rosa Icela Rodríguez; invita a participar en elección judicial
VIDEO: “¡Viva México!”, entre nostalgia y huevos rancheros; embajadores extranjeros comienzan a despedirse
No es casualidad que a sólo unos días de las elecciones, la marcha contra Uber organizada la semana pasada estuviera encabezada por candidatos a diputados de Morena y por líderes de algunas agrupaciones de taxistas ligadas a este nuevo partido, alimentados por el populismo y clientelismo de los últimos gobiernos del DF.
Los taxis que operan en la ciudad de México sufren una serie de problemas como consecuencia de las malas políticas, la corrupción y extorsión por parte de las autoridades y la sobreoferta del servicio. Si analizamos el crecimiento del número de taxis en las pasadas administraciones, de acuerdo a las cifras del Inegi, encontramos un crecimiento desmedido promovido por una grave corrupción de los responsables del transporte, donde hubo participación directa de los jefes de gobierno: con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano el número de taxis pasó de 80 mil 860 a 90 mil 663, que representa un crecimiento de 12%; con Andrés Manuel López Obrador el total llegó a 108 mil 902, 20% más, y finalmente con Marcelo Ebrard Casaubon la cifra alcanzó los 129 mil 034 vehículos, lo que equivale a un aumento de 18%.
Este incremento en el número de taxis que operan en el Distrito Federal supera por mucho la demanda de los usuarios en la capital del país; en ningún caso las concesiones se otorgaron con base en las “Declaratorias de Necesidad”, como lo obliga la Ley de Movilidad, sino más bien a intereses políticos de mafias relacionadas con los vehículos piratas que otorgaban servicio ilegal de taxis.
Estas concesiones, además de ser ilegales y de generar una tremenda corrupción, introdujeron al servicio de taxis vehículos en malas condiciones, los cuales otorgan un pésimo servicio, ya que no cuentan con la certificación que obliga la normatividad y sí con choferes que no tienen una mínima capacitación. Esto ha dañado gravemente al servicio de taxistas regulares que ofrecen un buen servicio. Hoy es difícil distinguir a los buenos taxistas.
Un ejemplo de esta corrupción son los taxis piratas denominados Panteras, del Frente Popular Francisco Villa, asociados con miles de taxis ilegales que en la gestión de López Obrador, en lugar de combatirlos y sacarlos de circulación, fueron arropados e incorporados a las filas clientelares del PRD, ahora Morena. Primero, obteniendo amparos absurdos de jueces corruptos y, posteriormente, incorporados formalmente al servicio de taxis.
Este es el verdadero problema de los taxis que debe ser resulto por el secretario de Movilidad, Rufino León Tovar. Hacer una revisión exhaustiva y sacar de operación a cerca de 30 mil taxis que operan en malas condiciones o de plano ilegalmente.
La preocupación de los taxistas en regla y que operan bajo excelentes condiciones (pues efectivamente los hay), debería de ser la competencia desleal que tienen por parte de todos estos taxis piratas, que además de quitar clientela, desmotivan el uso de miles de usuarios por sus pésimas condiciones de trabajo. Esta es la razón principal por la que muchos prefieren el servicio de Uber, más que de taxi.
La empresa Uber, fundada en 2009, proporciona una aplicación móvil (app), que cualquier ciudadano puede descargar en su aparato móvil y registrarse como usuario. Cuando se solicita un servicio, el cliente es ubicado por el GPS del sistema y a la vez se muestran las opciones más cercanas garantizando un servicio eficiente en sólo unos minutos. Se puede seleccionar el tipo de vehículo y una gran ventaja consiste en no manejar dinero en efectivo y poder facturar.
Actualmente, este servicio no debe calificarse como “transporte público individual”, de acuerdo con las definiciones de la Ley de Movilidad; por lo mismo, la autoridad no puede sancionarlos ni sacarlos de operación.
En todo el mundo se está dando la tendencia a lo que se denomina “economía compartida”, donde particulares intercambian bienes y servicios entre sí de manera libre. Esta tendencia —me parece— es irreversible; por lo mismo, las autoridades y legisladores lo que deben hacer es adecuar y modernizar la legislación.
Lo que sí es un hecho es que este esquema vanguardista será benéfico para la ciudad de México y podrá ayudar a mejorar los servicios y a combatir la grave corrupción que impera en el gobierno.
ciudadposibledf.org
Twitter: @JL_Luege