Durante los últimos 40 años, la ineficacia en el uso de los recursos públicos y en la instrumentación de una política económica eficaz para alcanzar un crecimiento vigoroso ha sido una de las limitantes para alcanzar un mayor nivel de desarrollo y crecimiento en México. La administración pública y los partidos políticos se encuentran en deuda con la sociedad.
Las cifras son contundentes: la deuda externa del gobierno mexicano representaba poco más de 6 mil millones de dólares en 1970, alrededor de 17% del PIB. Para 1982 el endeudamiento había alcanzado 52 mil millones de dólares y con ello superado 80% del PIB. En 12 años se gestó el debito externo que truncó el desarrollo de México.
Además, flagelos como la corrupción en el uso de los recursos públicos y un marco regulatorio que no estaba orientado a garantizar que el gasto público incidiera sobre la economía en su conjunto, propiciaron el endeudamiento improductivo que comprometió el futuro del país, una factura que seguimos pagando.
El cuestionamiento no solamente gira alrededor de la deuda, durante la segunda parte de la década de los 70, el gobierno también contó con recursos extraordinarios del petróleo: en aquella etapa se llegó a afirmar que deberíamos prepararnos para “administrar la abundancia”.
Lo que llegó a México fue una crisis económica que no se había observado desde la época de la Gran Depresión, la abundancia prometida nunca arribó.
Con la crisis hicieron acto de presencia los programas de ajuste fiscal que no eliminaron la corrupción ni la ineficacia en la administración pública, pero que sí terminaron con programas de apoyo social como los implementados a través de Conasupo. También se modificó la estructura institucional de la política económica, los funcionarios del ajuste fiscal tenían otra visión, la condicionada desde el FMI y el Banco Mundial.
El mecanismo de lo que seguía para México fue público en otras latitudes, muy temprano se conoció que la austeridad y sus consecuencias se harían presentes en la que hasta ese momento era la mayor economía de América Latina y que entre 1980 y 1981 había llegado a ser la octava economía del mundo.
El diario español El País citó lo que terminó por ser una lúgubre sentencia: a “base de aumentar impuestos, reducir gastos y tirar del petróleo, es posible que México pueda este año solventar sus obligaciones exteriores. El precio no va a ser otro que el hambre para un mínimo de 40 millones de mexicanos. El miedo a posibles estallidos sociales es algo que se maneja en todos los círculos políticos y que ya ha empezado a saltar a la prensa” (9 de enero de 1983).
Efectivamente, el error de la administración pública de los años setenta tuvo un elevado costo para los mexicanos durante la siguiente década. No obstante, la historia no terminó ahí.
Para fines de 1994 ya se había implementado un cambio de modelo, el de la apertura económica. El nuevo modelo de política económica rápidamente tropezó con el problema de endeudamiento: para 1995 México vivía una nueva crisis económica que llevó la deuda pública a más de 100 mil millones de dólares y la privada a 70 mil millones.
A pesar de los programas de renegociación, como el Plan Brady, que implicaron la condonación de parte de la deuda externa a cambio de un mecanismo de privatización de las empresas paraestatales y de profunda apertura económica, México volvió a sumirse en un problema de elevado endeudamiento.
El costo del rescate se mantuvo bajo un manto de oscuridad, principalmente en la parte bancaria. El IPAB-Fobaproa se usó para que el quebranto bancario fuera asumido como propio por las finanzas públicas.
De igual forma, se optó por utilizar mecanismos financieros aparentemente novedosos que terminaron por convertirse en nueva deuda, los Pidiregas son el mejor ejemplo de ello. Durante el sexenio de Felipe Calderón se tuvo que reconocer abiertamente que el instrumento ideado en la época de Ernesto Zedillo no era otra cosa sino deuda.
¿Quién terminó por pagar estos y otros errores de política económica? La sociedad mexicana, tal y como lo advirtió El País hace casi 35 años: impuestos, austeridad y recursos petroleros se han destinado a pagar la deuda, pero también a financiar la falta de una administración pública de calidad global en sus tres niveles de gobierno y libre del flagelo de la corrupción.
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
