La precarización del mercado laboral se ha generalizado en México, durante los últimos 17 años se ha generado ocupación pero que paga bajos salarios y en el extremo no garantiza la percepción de un ingreso económico.
Ello representa uno de los resultados menos favorables del modelo económico y muestra la falla estructural del mismo: la precarización del sistema productivo incide en el deterioro de la ocupación y el empleo.
La evidencia es contundente: hay entidades de la República en donde el número de personas que no reciben ingresos es superior a las que ganan más de cinco salarios mínimos.
No hay condiciones para garantizar que la creación de más ocupación y fuentes de empleo sean sinónimo de mayor bienestar para la población.
Tampoco hay más y mejores oportunidades para quienes tienen un nivel de escolaridad elevado: casi la mitad de los desocupados son personas con estudios del nivel medio superior, superior y posgrado.
Con información del primer trimestre de 2017, se puede establecer que en Guerrero y Oaxaca la proporción de personas que tienen una ocupación pero que no reciben un salario supera en más de 961% a aquellas que tienen una ocupación laboral con un ingreso superior a cinco salarios mínimos.
Guerrero no representa un caso excepcional, las cifras de Oaxaca (940%), Chiapas (560%), Puebla (359%), Tlaxcala (331%), Morelos (289%), Veracruz (257%), Hidalgo (240%), Zacatecas (219%) y Michoacán (208%) son entidades en donde el número de personas que no reciben ingresos supera en más de 200% a las que tienen un ingreso mayor a cinco salarios mínimos.
En general, las entidades en donde la precariedad laboral llega al extremo de no pagar por el trabajo desempeñado se encuentran en el sur y sureste del país, estados poco industrializados cuya actividad predominante son los servicios (esencialmente el comercio) y los recursos primarios.
Tienen escasa actividad transformadora generadora de alto valor agregado. Tampoco es de sorprender que tengan los mayores niveles de pobreza y su actividad exportadora sea limitada y, salvo algunos casos excepcionales, circunscrita a algunos productos primarios.
La precarización se extiende a otras entidades: existen otras siete en donde la proporción supera 100%.
El problema es delicado en el Estado de México (141%) y Guanajuato (122%), dos de los estados que acumulan una parte significativa de la población mexicana.
En 17 de las 32 entidades federativas que integran la nación hay más población ocupada que no recibe ingresos respecto a la que tiene un ingreso superior a los cinco salarios mínimos.
De lo descrito se deriva la existencia de un amplio segmento de población que no recibe prestaciones sociales o acceso a un sistema de pensiones por el trabajo que desempeña, el cual es superior al número de personas que cuenta con una buena ocupación y empleo.
Además se debe contabilizar la pérdida de empleo y ocupación de altos ingresos, las cifras del Inegi muestran que, desde el cuarto trimestre del año 2000, han desaparecido 1.83 millones de fuentes de ocupación que pagan más de cinco salarios mínimos.
Lo anterior implica que la incorporación de más población en edad de trabajar NO ha encontrado oportunidades para laborar en donde se paga mejor, más mexicanos se deben disputar menos buenos empleos.
A nivel estatal sólo dos entidades federativas incrementaron el número de personas con un ingreso superior a cinco salarios mínimos: Chihuahua (25.4 mil) y Baja California Sur (25.8 mil).
La mayor reducción en la ocupación y empleo bien remunerado (de más de cinco salarios mínimos) se contabilizó en la Ciudad de México (-303.1 mil), Estado de México (-248.6 mil), Veracruz (-200.8 mil), Baja California (-189.3 mil) y Nuevo León (-130.6 mil).
¿Qué tipo de ocupación se ha creado? En el mismo periodo de tiempo 854 mil en el rango de quienes perciben menos de un salario mínimo.
Guerrero, Tamaulipas y Guanajuato son los líderes en la creación de ocupación y empleo que paga menos de un salario mínimo, todos ellos con más de 100 mil en este rango precario de ingreso.
La desaparición de empleo bien remunerado a cambio de la creación del que paga menos de un salario mínimo conduce a la precarización del bienestar de la sociedad mexicana, es el saldo de un “moderno” modelo basado en la apertura económica que no tiene bases productivas.
