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Los paradigmas de la política económica aplicada durante los años 80 y 90 se volvieron paradogmas. A pesar de que el modelo económico no ha generado crecimiento se ha optado por mantener la ortodoxia.
Como se ha mencionado la apertura económica genera un déficit tanto en la parte comercial como en la correspondiente a los servicios, los requerimientos de financiamiento externo superan 5% del PIB.
Sólo la entrada de remesas permite disimular este desequilibrio estructural del modelo mexicano.
El problema de fondo es que el país mantiene un patrón de endeudamiento que compromete su presente y futuro. El incremento de débito es el resultado neto del modelo, especialmente en la parte relacionada con el sector público.
Las estadísticas correspondientes al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público son contundentes. En 2001 el acumulado era de 2.2 billones de pesos, aproximadamente 31.6% del PIB. Para fines de 2016 la cifra ascendió a 9.8 billones, 48.4% del PIB.
Dicho endeudamiento no propició crecimiento económico ni disminución de la pobreza.
A dicho escenario se le debe agrega la presión de los conocidos como pasivos contingentes, al tomarlos en consideración el desequilibrio supera 100% de la riqueza generada en el país.
El costo financiero de dicho endeudamiento será de 2.8% como proporción del PIB, tan sólo durante 2017. Esto lo que el gobierno debe destinar al pago de los intereses y a la intermediación financiera para cubrirlos, 150% más que el subsidio a las gasolinas aplicado hasta antes del incremento en su precio.
El costo financiero es equivalente a la inversión física que realiza el sector público federal mexicano.
El endeudamiento del gobierno refleja tanto la crisis del modelo y como la que enfrenta la propia administración pública.
En materia de gasto se tiene a la ineficacia como el primer problema. Cada año se ejercen más de 4 billones de pesos que no generan valor agregado, esto es un problema estructural presente desde 1997.
Lo descrito implica que el país pierde crecimiento económico con cada peso que se transfiere desde el sector privado o de la riqueza petrolera al gasto público. Entre 2004 y 2015 la variación promedio del valor agregado generado por el sector privado fue de 3.2%, la del sector público apenas rebasó 0.3%.
La baja eficacia del gasto público se refleja en el rezago que se observa en materia de seguridad, educación, salud pública, combate a la pobreza, desarrollo de infraestructura y evidentemente en materia crecimiento económico.
Durante los últimos 30 años el gobierno le ha pedido al sector privado que se adapte a los criterios de competencia económica y productividad que son inherentes a la globalización; sin embargo, eso no ha sido una norma que se aplique a la propia gestión pública, particularmente a la municipal y estatal.
Los problemas de corrupción y falta de transparencia limitan el alcance del emprendimiento realizado por el sector privado nacional.
De igual forma ocurre con la excesiva carga regulatoria. De acuerdo con la propia Secretaría de Economía, en el país existen más de 130 mil trámites distintos y la carga que esto representa para el país ronda 3.5% del PIB.
Sin lugar a dudas que esto es contradictorio con la lógica del propio modelo económico: ¿Cómo ser competitivos cuando se está sujeto a la discrecionalidad de una regulación que no tiene una lógica que favorezca el crecimiento y el desarrollo?
La apertura de la economía nacional inicio hace 30 años pero la mejora regulatoria aún es un tema pendiente porque el gobierno requiere de ese ingreso para financiar su gasto y porque la desaparición de trámites engorrosos requiere la transformación y modernización de la gestión pública. Una asignatura que no se quiere cubrir.
Para que México crezca más de 4% se requiere de un gasto público eficaz, que obtenga los resultados asociados a su programación: mejor educación y salud, sistemas de comunicación y transporte modernos, seguridad pública y menor pobreza.
Todo ello sólo se logra con un gasto libre de corrupción y lleno de transparencia, ejecutado de manera profesional por expertos en cada una de las dependencias a su cargo, y en donde no existan dogmas económicos sino criterios de eficiencia y eficacia.
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
