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A unos días de que se presente el presupuesto de 2017, el penúltimo de la actual administración, la mayor parte de los indicadores señala la precariedad en la que se encuentra la economía nacional.
Tanto el Banco de México como el gobierno federal han vuelto a recortar su pronóstico de crecimiento para 2016.
Lejos han quedado las expectativas planteadas al inicio de la administración cuando el sueño de las reformas estructurales llevó a plantear que, con su aprobación, el país podría crecer 5%.
La negociación política conocida como Pacto por México lo hizo posible, pero la realidad de la estructura productiva y la ineficacia en la ejecución del gasto público terminaron por mostrar la justa dimensión de las reformas.
La ruta actual de la economía no es el crecimiento vigoroso prometido, con la presentación del próximo presupuesto veremos una estrategia que intentará rescatar la llamada “estabilidad macroeconómica” y un PIB con un desempeño de alrededor de 2.5%, en el mejor de los casos.
El señalamiento de las calificadoras y del propio Banco de México sobre el riesgo que representa la deuda representan una advertencia para el gobierno, una invitación forzada para volver a los programas económicos de ajuste al gasto.
La historia moderna del país muestra que esto se traduce en una reducción de la inversión pública y de otro tipo de erogaciones que pueden promover el crecimiento. Difícilmente se tocará el gasto corriente menos productivo. Ni hablar del elevado costo financiero de pagar la deuda.
El ajuste a la baja del gasto público se ve acompañado por la caída en la confianza empresarial. Los sectores de las manufacturas, la construcción y del comercio consideran que no es el mejor momento para invertir, las cifras disponibles son contundentes al respecto, los empresarios consultados prefieren trabajar con la capacidad ya instalada.
Sin inversión no hay mayor crecimiento, y tanto la parte pública como la privada han decidido posponer sus proyectos de expansión.
Dicha situación de agravará por los cambios implementados en la Ley de Transición Energética y los compromisos adquiridos por México en la pasada COP21. Las empresas en México se verán obligadas a alcanzar estándares de emisión de contaminantes que no corresponden a la realidad nacional.
Otros países se pusieron metas más ajustadas a su contexto económico. El costo lo terminará pagando la sociedad con un menor crecimiento.
Lamentablemente la economía de Estados Unidos también da señales de debilidad. Los últimos reportes de la construcción, las manufacturas, empleo y del sector automotriz indican que el principal socio comercial de México continua perdiendo fuerza, y ello influye en la caída de las exportaciones nacionales.
Otra apuesta fallida es la apertura comercial. La probabilidad de que el TPP no vea la luz aumenta, al menos así lo deja ver la postura de los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos.
Apostar por acuerdos con Jordania, Turquía o Islandia, por citar algunos ejemplos, aporta poco y cuesta mucho. México ha comprometido la independencia para decidir sobre su economía a cambio de favorecer importaciones que generan pocos encadenamientos productivos.
Ni siquiera se observa que los socios comerciales aplican políticas proteccionistas y de fomento a sus empresas. México se porta bien pero no obtiene beneficios.
El mejor ejemplo es Estados Unidos. Sus estrategias denominadas como Buy America y Buying American están enfocadas a favorecer, abiertamente, la compra de productos norteamericanos elaborados con insumos hechos en Estados Unidos. Lo hacen para promover el bienestar de su sociedad.
Por primera vez desde la administración de Miguel de la Madrid el país corre el riesgo de no crecer más de 2.5% en alguno de los años del sexenio. La promesa de las reformas estructurales sirvió como justificación en el pasado, hoy con su aprobación se ha mostrado que se requiere una transformación más profunda, un cambio de modelo económico.
Director del Instituto para el Desarrollo
Económico y el Crecimiento Económico
