Durante la década de los ochenta la escalada de precios fue una de las formas que tomó la crisis para entrar a la vida diaria de los mexicanos. Las otras fueron el desempleo, la informalidad, el comercio ilegal y elevadas tasas de interés.
Para intentar salir de la crisis el gobierno creó diversos mecanismos, entre ellos los famosos pactos. El objetivo central era detener el aumento desenfrenado de la inflación por medio del control salarial y un acuerdo con los empresarios para mantener estables los precios.
Después de casi treinta años, con varias crisis y estancamientos económicos más, parece que se logró el cometido: en 2015 la inflación se ubicará en un nivel inferior a 2.5%. Sin lugar a dudas es algo notable cuando la depreciación del tipo de cambio ronda 30% y el país incurre en un déficit de balanza comercial no visto desde los años de la crisis del gobierno de Felipe Calderón.
Lamentable y de acuerdo con las cifras del Inegi, la explicación no se encuentra en la productividad, el mecanismo más sano para abatir la inflación. En 2013 y 2014 la contribución de la productividad total de los factores al crecimiento económico fue negativa y la productividad laboral apenas positiva. Por lo tanto, el país entró a 2015 sin los fundamentos suficientes para pensar que el control de la inflación se ha dado gracias a un incremento sostenido de la productividad.
En realidad las empresas han debido ajustarse a una dura realidad, el de un mercado interno que no tiene la capacidad de compra suficiente para absorber los efectos de la debilidad del peso. Ante ello, la mayoría ha debido reducir sus márgenes de ganancia, una situación que sólo será sostenible en el corto plazo, aún las grandes empresas mexicanas comienzan a resentir la afectación de tres años de bajo crecimiento económico y de un nuevo milenio plagado de debilidad productiva.
El control de precios ayuda al consumidor, le permite mantener su capacidad de compra. No obstante, sin crecimiento económico y una mejora en los niveles de productividad ello no es sostenible en el mediano y largo plazos, particularmente para un país que es importador neto y que vive la incertidumbre sobre el futuro de su moneda.
Disminuir los precios de los combustibles es una buena decisión del gobierno, pero algo similar se requiere en la parte del consumo de energía eléctrica, es la manera en la que el sector público puede ayudar a contrarrestar, el entorno adverso que vive el aparato productivo mexicano.
La necesidad de reactivar la economía debe ser una prioridad nacional, especialmente en un 2016 que vivirá sus primeros meses en medio de una creciente incertidumbre respecto a lo que pasará con el crecimiento económico mundial, los precios del petróleo y los mercados financieros internacionales.
El cierre de 2015 no fue el esperado, la decisión de la Reserva Federal no atenuó la volatilidad en la cotización del dólar frente al resto de las monedas.
De igual forma, el crecimiento del PIB norteamericano del tercer trimestre fue ligeramente inferior a la primera estimación presentada, algo poco favorable para un país que además ve cómo su sector industrial sigue debilitándose.
En todo este entorno existe un aspecto que no debe soslayarse, el que se refiere a la duda de hasta qué punto el control de la inflación se ha dado gracias a la importación de productos baratos fabricados primordialmente en China. ¿Cuánto del control de precios se debe a las ganancias en productividad del país asiático? Y probablemente más interesante, ¿cuánto del bajo crecimiento económico se debe a esas importaciones?
Para 2016 el gobierno deberá enfrentar la dura prueba de lograr que la economía aumente su ritmo de expansión al mismo tiempo que la inflación permanece bajo control, de otra forma seguirá pendiente la asignatura no aprobada por el sector público en las últimas tres décadas.
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
