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La restricción del gasto público y el equilibrio fiscal abren nuevos espacios de negocios para las grandes corporaciones. Ante la falta de recursos públicos, se implementan Asociaciones Público Privadas (APP) para hacer frente a las necesidades de infraestructura en México. No obstante, por la forma en que se articulan estos esquemas, distan mucho de contribuir a una política de desarrollo.
En el pensamiento económico existen múltiples conceptos de lo que es el desarrollo. Algunos autores lo identifican en términos del crecimiento económico per cápita. Otros lo conciben como una etapa que se alcanza cuando las economías superan problemas como el excedente de la mano de obra y/o la escasa diversificación en la estructura productiva. También se le define como un proceso de cambio estructural, donde la necesidad fundamental es superar la dependencia (Sunkel, 1970).
Desde los años ochenta, en México se ha aplicado el modelo neoliberal. Los sucesivos gobiernos han promovido la liberalización, desregulación y apertura, como medios para incentivar la eficiencia económica a través del mercado.
El desarrollo, en el discurso neoliberal, se alcanza cuando operan las fuerzas del libre mercado, se abandona el proteccionismo, se disminuye la participación del Estado y se impulsa la competitividad microeconómica. Dentro de la misma lógica se han impulsado las “reformas estructurales” aprobadas recientemente.
También la “eficiencia de los mercados” justifica la implementación de APP para la generación de infraestructura. Falsamente se postula que estos esquemas ahorran recursos fiscales y no generan deuda pública.
Detrás de la retórica neoliberal se encuentran los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales y de los inversionistas institucionales, que compiten globalmente y que buscan nuevos espacios de rentabilidad.
Al contrario de lo que afirman sus promotores, las APP requieren un amplio soporte gubernamental: exenciones de impuestos, financiamiento, garantías, participación en el capital de riesgo, asegurar los derechos sobre la tierra y la creación de entidades de regulación independientes. También necesitan una estructura tarifaria favorable.
Las APP generan ganancias en el diseño, financiamiento, emisión de títulos, calificación de las emisiones, manejo del riego, construcción y operación de los proyectos. Los gobiernos obtienen una ganancia política al generar obras de infraestructura, sobregirando la “tarjeta de crédito” del presupuesto público.
Ante la creciente implementación de las APP, resulta pertinente cuestionarse: ¿qué tanto contribuyen estos esquemas a generar un sistema productivo integrado y competitivo?, ¿en realidad permiten el acceso de la población a los bienes y servicios públicos a bajo costo?, ¿forman parte de una política de desarrollo?
El desarrollo tiene sentido cuando mejoran las condiciones de vida de la población. Los gobiernos neoliberales han apostado por el libre mercado como “política de desarrollo”. Esto ha resultado en un gran fracaso, que se expresa en el estancamiento económico (el PIB por habitante creció a una tasa de 0.8% en promedio durante los últimos quince años) y la concentración del ingreso (el 20% de los hogares recibió el 51% de los ingresos en 2014).
No podemos seguir sin políticas de desarrollo, esperando que el “capitalismo mágico”, término popularizado por Aldo Ferrer, resuelva nuestros problemas.
Integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social CACEPS-UNAM
caceps@gmail.com
