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López Obrador aprovechó su ponencia en Acapulco, el 11 de agosto, para presentar líneas generales de lo que haría desde el gobierno. Coincido con su diagnóstico de que “La corrupción es la causa principal de la desigualdad y de la tragedia nacional que padecemos”. Corrupción e impunidad, dijo, están en el centro de la crisis del país. De acuerdo, pero es legítimo preguntar cómo abordaría el problema para intentar una solución. Ofrece quitar, por un lado, el fuero a funcionarios públicos y haría que la presidencia fuese sujeta a rendición de cuentas en mucho mayor medida de lo que hoy lo es. Muy bien. Pero en seguida hace un ofrecimiento que pareciera contrario a su plan anticorrupción: expediría a los miembros de la mafia, corruptos y abusivos, una amnistía general (aunque eso le corresponda al Congreso), dado que sancionarlos sería revanchismo, y lo que se requiere es justicia.
En la teoría democrática más general, la corrupción se combate aplicando sanciones legales a quien en ella incurre. Con lo cual se establece una práctica permanente de aplicación legal que provoca que los funcionarios y gobernantes susceptibles de caer en la corrupción mejor se refrenen, sabedores de las probabilidades de ser descubiertos y sancionados por ello son elevadas (aunque no sean del 100 %). Hasta ahora no hay otro método históricamente conocido que haya arrojado mejores resultados para ese propósito. Y es que si se prescinde del castigo legal entonces ¿Cómo se reducirá la corrupción? ¿Cuál sería el freno para quienes pueden caer en ella? López Obrador propone una especie de revolución moral, donde los funcionarios no robarán porque serán esencialmente honestos. No necesitarán de la amenaza del castigo legal; simplemente no les nacerá hacerlo. Algo así como el rey filósofo de Platón, que gobernaba en pro de su súbditos no porque estuviera forzado a hacerlo por leyes punitivas o contrapesos institucionales, sino por ser moralmente virtuoso.
Dijo AMLO que “Si hubiese decisión para aprovechar las bondades de esta virtud, sólo sería cosa de exaltarla, de cultivarla entre todos, de hacerla voluntad colectiva y, en consecuencia, volverla gobierno. Sólo es cosa de darle su lugar, de ponerla en el centro del debate público y de aplicarla como principio básico para la regeneración nacional. Los gobernantes contarán con autoridad moral para exigir a todos un recto proceder y nadie tendrá privilegios”. Pero, ¿cómo se logra eso? Fácil; “Predicar con el ejemplo será la enseñanza mayor. Por lo mismo, si el presidente es honesto, ese recto proceder tendrá que ser secundado por los demás servidores públicos”. ¿La honestidad del presidente se traduce en automático en la honestidad de secretarios, gobernadores y legisladores? Suena más a religión que a política.
Agrega AMLO que dicho reino de la honestidad será posible porque los funcionarios “Serán mujeres y hombres de inobjetable honestidad, nadie que tenga antecedentes de enriquecimiento ilícito podrá participar en la función pública”. Qué bien que así sea, pero sabemos que ciudadanos honestos pueden caer en la tentación corruptora cuando se les abren las arcas. Y aún si no fuera el caso, los gobiernos locales no dependerían de su nombramiento. ¿Qué se haría con los corruptos de otros gobiernos? ¿También perdonarlos? Puso López Obrador como ejemplos de países donde la corrupción es menor a Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia y Suecia. ¿Eso ocurrió por una conversión moral de su clase política a la honestidad y la virtud? No, fue porque se empezó a aplicar sanciones legales de manera regular a buena parte (al menos) de quienes incurrían en alguna forma de abuso de poder. Milagros no hay. En todo caso, suponiendo que durante el gobierno capitalino de López Obrador él se haya comportado de manera impoluta (salvo en los segundos pisos, claro), de cualquier modo cercanos a él cayeron en corrupción, como René Bejarano y Gustavo Ponce. A Ponce lo dejó escapar el gobierno capitalino, y sólo más tarde el gobierno federal lo capturó y encarceló. El experimento obradorista ya falló.
Profesor del CIDE.
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