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Hay una distinta reacción de los partidos tras los comicios de 2009 y 2015. En aquella elección hubo una elevada tasa de abstencionismo (55%) y un voto nulo deliberado del 6% a nivel nacional (y del doble en el DF y en varias entidades). Eso representaba un fuerte cuestionamiento a la legitimidad del sistema de partidos (la partidocracia no representativa) pero no afectó legalmente a los propios partidos ni sus rebanadas del pastel político. Para compensar la legitimidad perdida, aceptaron una reforma política (presentada desde 2009 por el gobierno) que abría espacios a los ciudadanos; consulta popular, iniciativa ciudadana, reelección legislativa y candidaturas independientes, si bien había movimientos y presión desde años atrás para que se aceptaran estas figuras. Se dio el cambio constitucional en esos instrumentos de participación ciudadana, pero en la medida en que afectaba los intereses de los partidos, se adelgazaron en la ley secundaria, con varios candados que desvirtuaban y dificultaban su ejercicio.
Pero la candidatura independiente dio la sorpresa en 2015; era la mejor forma de presionar a los partidos y expresar el descontento pues además, a diferencia del voto nulo, sí tenía efecto legal que perjudicaba a los partidos. Pero eran pocos los ciudadanos que tuvieron esa opción en sus boletas (22 de 300 a nivel federal). En realidad, no fue tan exitosa la figura; en la elección federal, el voto por independientes fue muy reducido; 225 mil votos de 40 millones (.56%). El voto nulo fue de casi dos millones (4.8%), nueve veces más que el voto independiente. Pero éste podía tener —y tuvo— efectos políticos, aunque lo hizo en muy pocos casos: un diputado local en Jalisco, uno federal, dos alcaldes, y lo que sí impactó, un gobernador en Nuevo León. Eso sí dolió a los partidos. Y por ello, en lugar de aceptar una apertura política (como en 2009), proceden a la cerrazón. Saben que de entorpecer el registro de independientes, los ciudadanos resignadamente seguirán votando por los partidos, renovando la legitimidad de la partidocracia que por eso hace lo que le viene en gana. Esa convicción los alienta a elevar las barreras de entrada a los independientes como lo hicieron ya en varios estados donde podrían surgir nuevos Broncos. Se sigue notando la influencia de los gobernadores; el PRI nacional, con su nuevo dirigente, habla a favor de los independientes, pero el priísmo en los estados regula contra ellos. El PAN nacional, con su joven dirigente, lo mismo, pero en Puebla ese partido votó contra los independientes. La Corte avaló ese paso, si bien podría aún ser impugnado por ir contra la Constitución (eso no se tocó en la Corte).
En el Congreso federal se habla de una iniciativa para una legislación general, nacional en torno a los independientes; que tengan los mismos requisitos (2% de firmas era la norma, con tiempo suficiente para recabarlas; ahora es 3% con menos tiempo, en los estados donde hay leyes antibronco). De nuevo, se impone la centralización para contrarrestar la “federalización” (en realidad, feudalización) de nuestro sistema político. Parece que no hay de otra para avanzar. Dice el panista Ricardo Anaya: “El Pan presentará una iniciativa para homologar los criterios a nivel federal sobre los requisitos que se deben presentar para una candidatura independiente e impedir que se impongan otros desproporcionados”. Por lo pronto, es probable que no haya tiempo suficiente para que en 2016, los ciudadanos que quieran competir como no partidistas lo puedan hacer en condiciones adecuadas, y quizá pocos o ninguno logre superar las elevadas barreras y obstáculos que se impusieron, como reacción partidocrática a lo ocurrido en los comicios de este año. Se le quitarán opciones de protesta y presión a los ciudadanos, por lo que, de nuevo, avalarán a los partidos en las urnas pese al atropello del que los electores están siendo objeto al limitarse sus opciones. Así somos; tolerantes, complacientes y dóciles ante la partidocracia. Lo saben y se aprovechan de ello.
Profesor del CIDE.
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