Hemos diseñado y en muchos casos importado diversos modelos institucionales con la intención de avanzar en nuestra democratización, hasta ahora simulada pese al esfuerzo y fondos invertidos. Lo mismo para asuntos electorales, que de transparencia, medios de comunicación y corrupción, entre otros asuntos. Pero mientras esos modelos funcionan razonablemente bien en otros países y regímenes políticos, aquí al poco tiempo se desvirtúan, reduciendo significativamente su eficacia. Y es que nuestros partidos políticos (sin excepción) y otros actores públicos, aunque se presentan como adalides de la democracia, hacen todo lo necesaria para que ésta no termine por funcionar. No les gusta ajustarse a leyes e instituciones que limiten su arbitrariedad y, sobre todo, su impunidad al incurrir en diversos abusos de poder. Lo suyo lo suyo, no es la democracia. Y es que cada vez que se erige una institución u órgano que tiene los elementos para impulsar la calidad democrática del país, y empieza a funcionar de acuerdo con ello, saltan los partidos para meterle a tales instituciones una gran zancadilla. Si empiezan a funcionar bien, es que algo está mal, y debe corregirse desvirtuando la institución en cuestión.
Lo vimos con el IFE. Tras haberle dado plena autonomía empezó a funcionar como debía, siendo incluso ejemplo de otros países (no sólo para instaurar las casillas y nombrar a los funcionarios de casilla, sino para sancionar las trampas y abusos de los partidos). Si bien el Consejo General de 1996 se formó a partir de cuotas partidistas, sus integrantes (unos más que otros) se tomaron en serio su función fiscalizadora y sancionadora. Y de ahí surgieron las insólitas pero bien merecidas multas tanto al PRI como al PAN (por el Pemexgate y los Amigos de Fox). Y en parte por eso, esos dos partidos decidieron en 2003 darle un golpe al IFE en su línea de flotación, nombrando cuotas y cuates vinculados más directamente con ellos (y dejando además al PRD fuera de la negociación). Desde entonces el IFE (ahora INE) no levanta cabeza. Se volvió sumamente tibio en sus indagaciones y castigos a los partidos (lo mismo que el Tribunal Electoral). Quedó más que claro en el caso del Partido Verde. Ahora el INE tiene la oportunidad de reivindicarse un tanto si determina que, como todo indica, tanto el PRI como el PAN rebasaron los topes de campaña en Coahuila, lo que podría llevar a la anulación de la elección (probablemente en el Estado de México se incurrió en la misma falta, pero ahí los árbitros mostrarán su acostumbrada tibieza). La exigencia de nombrar un nuevo Consejo antes de 2018 parece destinada al fracaso, y en todo caso no se ganaría gran cosa con nuevos consejeros nombrados otra vez a partir del método de cuotas partidarias. Lo que tiene que cambiar es ese método.
Tal boicot institucional de los partidos y gobiernos ocurrió también en buena medida en el Inai, pues su antecesor, el IFAI, inició bien aunque con facultades limitadas. Éstas se expandieron, pero al mismo tiempo los partidos metieron nuevamente su cuchara en los nombramientos de los comisionados para mediatizar su actuación. Hoy el Inai no es ya lo que fue el IFAI. Insisto en que el método de cuotas aplicado en casi todo nombramiento de instituciones formalmente autónomas, ha terminado por desvirtuarlas. Tendría que despartidizarse ese método para dotar a dichas instituciones de autonomía real, no sólo formal. Un buen avance en ello ocurrió al nombrarse el Comité de Participación Ciudadana, pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción, que corrió a cuenta de organismos cívicos e instituciones académicas. No se nombraron cuotas partidarias sino ciudadanos autónomos, con conocimiento del tema y trayectoria vertical e íntegra. Justo por eso mismo inició la andanada de algunos partidos (en particular el PVEM y el PRI, dos de los más interesados en que no haya combate serio a la corrupción) para desvirtuar y descalificar a dicho órgano. Es que se trataba de simular el combate a la corrupción, no de tomárselo tan en serio.
Profesor del CIDE. @JACrespo1
