Se cumplió un año del lamentable suceso en donde 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron atacados, privados de su libertad y presumiblemente asesinados y quemados en una gran hoguera en el basurero de Cocula, Guerrero, para desparecer todo rastro de sus cuerpos y toda evidencia que hubiere demostrado otros indicios sobre la forma en que fueron ejecutados. Esta es la versión oficial.
Un año después hay muchos números, 111 detenidos, 4 testigos protegidos, 39 confesiones, 487 peritajes, 386 declaraciones, 153 inspecciones ministeriales, una averiguación previa con 53 mil 928 fojas integrada en 85 tomos y 13 anexos, dos versiones sobre el desenlace de los hechos que son antagónicas, por los resultados y presunciones que cada una de ellas tiene sobre lo sucedido. Hay muchos números, pero hay más incertidumbre y suspicacias sobre el destino real de los estudiantes de Ayotzinapa, sobre el verdadero móvil que hubo para ejecutarlos y de las personas que realmente intervinieron directa o indirectamente en el hecho.
La versión de la verdad histórica que nos ofreció el entonces procurador ha sido seriamente cuestionada por la verdad técnica que nos ha ofrecido el GIEI, al poner en duda la posible incineración de los cuerpos a través de una gran hoguera. En palabras del doctor José Torero, especialista con prestigio internacional, la versión oficial es técnicamente imposible, porque no se pueden incinerar 43 cuerpos en las condiciones que se encontraron en el basurero, y porque además no hay evidencia material que pueda sostener el dicho de la PGR.
De ser el caso, entonces tenemos presunciones oficiales que se basan en especulaciones no probadas, poco útiles para conocer la verdad objetiva de lo que sucedió. Tal vez por esta razón, el Estado aún no logra resolver el asunto de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, no logra identificar el móvil, ni a los verdaderos responsables de ordenar y ejecutar tan lamentable suceso, porque no tiene idea como fue la ejecución de dichos jóvenes.
¿Un tercer peritaje podría resolver las insuficiencias de las investigaciones realizadas? Podría ayudar a precisar algunas pistas o a identificar otros indicios, o bien a reforzar o a desechar sus propias hipótesis. Lo cierto es que un tercer peritaje, tendría serias limitaciones para llevar a cabo una investigación rigurosa, porque el lugar de los hechos ha sido modificado y cambiado, como producto de las pesquisas que previamente llevó a cabo la PGR y el propio grupo de expertos internacionales. A esto se le debe añadir, las modificaciones que puede provocar la inclemencia del tiempo.
¿Una fiscalía especializada, puede ser la solución para resolver jurídicamente el asunto de Ayotzinapa? Si tiene absoluta independencia, con peritos muy bien capacitados y en general todo el equipamiento necesario para llevar a cabo las investigaciones de campo y de inteligencia necesarios, bien podría subsanar deficiencias de los peritajes iniciales, con las obvias limitaciones de tener que trabajar en un espacio que ya ha sido alterado por el tiempo y por los trabajos previos que ya han sido realizados. En otros casos similares, las fiscalías lamentablemente poco o nada han aportado para resolver de fondo los temas delictivos que son del interés público. No obstante, una fiscalía con independencia puede ser un referente que podría cambiar la historia en un sentido positivo.
Quedará pendiente la verdad jurídica, la que deberá de resolver el juez de la causa con base en los elementos del expediente. Claramente, si la averiguación previa es deficiente, la resolución del juzgador será, y deberá ser, consistente con las pruebas ofrecidas. De tal manera que no se pueden pedir milagros, cuando hay insuficiencias previas.
Ayotzinapa, nos recuerda que México aún tiene sed de justicia, y que sin justicia es difícil construir una democracia, en donde haya libertad, igualdad y respeto a la dignidad de las personas.
Académico en la UNAM