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Llevamos una semana de recibir noticias sobre la segunda fuga del popular narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, de uno de los supuestos centros penitenciarios más seguros del país. Aunque nadie lo desee, estos lamentables acontecimientos, hacen apologías del delito y de personas vinculadas con una vida al servicio de la delincuencia y la violencia.
En lo general tenemos información gubernamental que justifica, pero que no explica las razones del porqué mantuvieron en la misma celda al señor Guzmán Loera, si hay un protocolo que sugiere cambiarlos periódicamente de sus celdas e incluso de los propios centros penitenciarios.
Después de conocer la forma en cómo se fugó, hace mucha lógica la rotación de la que deberían ser objeto permanentemente los internos. Sobre el grosor del piso del baño, el brazalete que supuestamente no funcionaba, los sensores que no detectaron movimiento subterráneo alguno y otras lamentables coincidencias, mejor no especular, hasta que la autoridad competente, con mayores elementos de prueba, aclare qué fue lo que pasó en la celda número 20 de Almoloya de Juárez, para que se deslinden responsabilidades legales y eventualmente políticas. Esta fuga es un tema que trasciende la vergüenza y la molestia social. Es un tema de seguridad nacional que vulnera a todo un sistema encargado de hacer valer el respeto por la ley y por la seguridad de los gobernados.
En principio, podemos pensar que hubo contubernio, complicidades internas, omisiones o negligencias que facilitaron en mucho la salida del que es considerado uno de los delincuentes más buscados del mundo. Pero repito, sin pruebas no se puede tener certeza de nada ni de nadie.
Lo que parece que no tuvo una gran ambigüedad fueron los mensajes previos que supuestamente alertaron de su eventual fuga, por mensajería de redes sociales o por medio de una supuesta comunicación del gobierno de EU. De resultar cierto, estamos frente a la crónica de una fuga anunciada, lo cual sería muy lamentable.
Sea como sea, el Estado tiene que reaprehender en el muy corto plazo a Guzmán Loaera. Seguramente todos los medios coactivos y de inteligencia, se habrán de unir en esta importante acción a desarrollar. En caso de tener éxito, como seguramente la mayoría lo desea, el Estado reivindicará pronto su falla, lo que también le dará oportunidad para replantear nuevas estrategias y acciones hacia el futuro, para no tener el riesgo de enfrentar una tercera fuga anunciada.
Es claro que con una solicitud de extradición formal que ya presentó el gobierno de EU, las autoridades mexicanas tendrán una opción adicional para determinar si Guzmán Loera debe o no permanecer en territorio nacional para cumplir con las penas que le sean impuestas como producto de sus años dedicados al trabajo de la delincuencia organizada.
El precedente no es menor y obliga a generar nuevas reflexiones, para hacer más eficaz la lucha contra el delito y en especial contra uno de los flagelos más negativos de nuestra época: El narcotráfico.
En Europa, al ser conscientes de la magnitud, fuerza y dinero con que cuenta el narcotráfico, decidieron impulsar en los ochentas, el acuerdo Schengen, que tiene como fin hacer causa y fuerza común con las policías y cortes penales de los Estados miembros, para tener una actuación mancomunada en la percusión de este delito. Las extradiciones son sumarias, y cualquier juez penal con una orden, puede pedir una inmediata aprehensión sin tener que pasar por muchos trámites. Estamos frente al caso, en donde hay un Estado supranacional con mayores capacidades para hacer frente a un fenómeno altamente complejo.
Con sus propias características y adaptaciones, ¿no sería hacia el futuro una opción atendible que México podría adoptar con algunos países de la región, para evitar una tercera fuga?
Académico de la UNAM
