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La figura de las candidaturas independientes fueron introducidas en 2012, como un nuevo derecho del ciudadano, para ser votado en cargos de elección popular, sin que para ello se requiera del aval de un partido político.
De tal manera que la referencia independiente no tiene nada que ver con que el candidato que opta por esta vía, tenga vínculos o no con determinados grupos de poder fácticos o institucionales. Se le ha llamado independiente, porque el registro ante la autoridad electoral se hace sin el apoyo de un partido, dado que se presenta como un ciudadano en el ejercicio de un derecho constitucional. En todo caso se le podría nombrar como candidato apartidista, es decir, candidato que no tiene partido.
En realidad el nombre es lo de menos, lo sustantivo del tema es identificar las bondades que tiene esta figura para nuestra democracia, y también los riesgos o dilemas a los que se enfrenta en un sistema político que ha sido creado para funcionar esencialmente bajo un régimen de partidos.
Con tan sólo tres años de haber iniciado su vigencia Constitucional, las candidaturas independientes ya han dado sus primeros frutos. Por lo pronto ya tenemos un gobernador, un diputado federal, uno local, un regidor y dos presidentes municipales. No son muchos, pero forman parte de una nueva etapa en la que los electores tenemos más opciones para premiar o castigar a los malos candidatos de los partidos. Esto es bueno porque también se amplían las alternativas electorales, que se puede traducir en mayor competencia, en mejores propuestas y, en especial, en la presentación de candidatos con mejores perfiles para desempeñar funciones de gobierno. En resumen hay incentivos, para que los partidos impulsen nuevos liderazgos que se caractericen por méritos y capacidades y no por actuaciones inconfesables.
Irónicamente, la figura de las candidaturas independientes, también ha beneficiado a políticos tradicionales, a los que han formado parte de un sistema que es muy rechazado por la ciudadanía. Este es el caso de 5 de los 6 actuales representantes independientes, dado que antes de ser electos como candidatos ciudadanos, eran parte de algún partido. Al no resultar nominados por éste, optaron por la vía independiente. Eventualmente se puede tergiversar un buen propósito en un mecanismo de presión entre integrantes de un partido.
Como sea, esta figura electoral logró resolver un problema de libertad de elección y representatividad, en donde un ciudadano puede ser electo sin que un partido lo apoye. No obstante lo anterior, no resuelve un problema mayor: La gobernabilidad.
Aquí se presenta el dilema mayor de esta figuras, entre optar por la representatividad o la gobernabilidad. Y esto se explica en buena medida porque las reglas del ejercicio del poder público están hechas bajo la lógica de un sistema de partidos, que tienen representación y toman de decisiones en los Congresos federal y estatales. ¿Cómo y con qué va a gobernar El Bronco si gran parte de sus planes de gobierno dependen en buena medida de lo que el Congreso federal y estatal, aprueben?, como es el caso del presupuesto. Esto sin contar con la facultad que tienen para aprobar o rechazar las leyes presentadas por el gobernador del Estado.
Si se debe legislar a futuro sobre las candidaturas independientes, más que buscar maneras legales de inhibir su consolidación, los legisladores federales y estatales en su caso, deberían de empezar a trabajar en los marcos legales que hagan funcional la representatividad ciudadana, con la gobernabilidad institucional, en donde los partidos tienen aún mucho poder de decisión. De otra manera, los gobernantes independientes no tendrán muchas opciones, salvo que recurran a la intimidación o a la cooptación, prácticas que no son ejemplares, ni benéficas para fortalecer la democracia.
Académico por la UNAM
