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Al Ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío Díaz
Durante la discusión del paquete económico que envía cada año el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados (CD) del H. Congreso de la Unión (CU) prevalece una gran pobreza en el análisis y el debate público. Salvo cuando se trata de pagar más o nuevos impuestos, hay pocos cuestionamientos. Más grave aún, le damos muy poca importancia a la eficacia con la que nuestras contribuciones se transforman en bienes y servicios públicos. Más aún, ahora que se ha cuestionado el tamaño del saldo de la deuda pública, no se comentan con el rigor necesario los proyectos de inversión que se financiarán con el nuevo endeudamiento.
¿Qué sabemos de lo que aprobó la Cámara de Diputados (CD) en el PEF al Gobierno Federal (GF) (poderes legislativo y judicial de la Federación, administración pública centralizada y órganos autónomos como INE, INAI, CNDH, etc.)? De lo más agregado a lo más específico destacan los siguientes puntos:
1.- Por primera vez desde 2008 se aprobó un superávit primario para el sector público federal (que incluye a Pemex y CFE), pero un déficit primario para el GF. El superávit primario significa que los ingresos, sin el endeudamiento, deberán superar el total de las erogaciones de todo el sector público federal en su conjunto, sin amortizaciones y costo financiero de la deuda. Así, el déficit primario previsto para el GF asciende a 63 mil millones de pesos (mmp), que equivalen a 0.3% del PIB estimado para 2017. En consecuencia, no alcanzará para cubrir el costo financiero de la deuda pública del GF estimado en 416 mmp (2% del PIB). Por esto último es que la austeridad fiscal continuará para los próximos años. De no hacerlo, la deuda pública continuará aumentando para pagar intereses y su relación con respecto al PIB también, a menos que se reactive el crecimiento económico. Este es el principal talón de Aquiles de la hacienda pública federal.
2.- Algo muy positivo es que para 2017 el 84% de los impuestos, que representan ingresos recurrentes, cubrirán el 73.2% del gasto neto total del GF. Esto contrasta con el 51.1% que se alcanzó en 2012. Ergo, hoy el Gobierno Federal es más solvente, y este aspecto no ha sido valorado adecuadamente.
3.- Ahora lo negativo. Al modificar irresponsablemente los diputados federales los parámetros de tipo de cambio y producción de petróleo para elevar el monto de ingresos estimados, condenaron al ejercicio fiscal de 2017 a incertidumbres innecesarias, pues no hicieron los ajustes correspondientes al gasto público. Primero, debieron haber ajustado al alza el costo financiero de la deuda en moneda extranjera. No lo hicieron. Segundo, debieron haber ajustado al alza los componentes de servicios, adquisiciones e inversiones en moneda extranjera al alza. No lo hicieron. Lo que sí hicieron fue incrementar el gasto en programas y proyectos que los mismos diputados federales, sin lógica de Estado, crearon al vapor.
3.- Los ciudadanos y contribuyentes de este país fuimos aplastados por la mayoría de los diputados federales, con la excepción de Agustín Basave, Juan Romero Tenorio y Vidal Llerenas (perdón si omití a alguien), al aprobar el PEF para el ejercicio fiscal de 2017.
4.- La CPEUM es muy clara y permite a los diputados federales modificar el proyecto de PEF que envía el presidente de la República, a quien se le otorga la facultad exclusiva de iniciativa. Esto es así para darle congruencia al proceso de planeación previsto. En este sentido el presidente tiene que preparar un presupuesto que le permita cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas respectivos, así como con todo el marco jurídico. Por ello existe un proceso muy riguroso a seguir establecido en la Ley de Planeación, la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública, por citar las más importantes, para que puedan cumplirse plan y programas. Y, algo fundamental, para que el ejecutivo federal no sea juez y parte, el proyecto de PEF lo aprueba otro poder.
5.- Al no especificar la CPEUM la facultad a los diputados federales de crear nuevos programas y proyectos, y para no contrariar la doctrina de derecho público que los entes gubernamentales sólo pueden hacer aquello que expresamente establezca el marco jurídico, la creación de nuevos programas y proyectos por los diputados federales antes de aprobar el PEF nos deja como contribuyentes en la incertidumbre.
6.- Suponiendo sin conceder que la victoria electoral de Donald Trump ameritara amortiguar el efecto de sus promesas con la creación de nuevos programas y proyectos, quizá el sentido común habría otorgado una licencia. Sin embargo, los trece nuevos programas por 38 mmp no son para ello.
En relación con el monto del gasto neto total los nuevos programas son muy pequeños; pero en términos de credibilidad, de compromiso con la disciplina fiscal y el apego estricto a lo establecido en la Constitución la violación al Estado de derecho sí es enorme. ¿Así queremos tener cara frente a Donald Trump?
Economista.
@jchavezpresa
