Más Información
Ya es inaceptable que el gobierno federal y la sociedad en general sigamos jugando al avestruz. El enfoque cerrado y conservador de prohibir el consumo de drogas sicotrópicas como la marihuana ha quedado rebasado. Al fallar la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor del grupo de personas que se ampararon ante la negativa de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para permitirles el cultivo y uso de la marihuana detona el debate nacional.
De acuerdo con la encuesta de octubre de Parametría, el 77% de los entrevistados no apoyan la legalización de la marihuana. Hay un gran contraste con lo que piensan nuestros vecinos del norte. Mientras que allá 58% está a favor de legalizarla, aquí es sólo el 20%.
No obstante que en México seamos más conservadores, la decisión de los ministros de la SCJN cataliza la acción de los poderes Ejecutivos, federal y estatales, así como de sus Congresos para eventualmente legislar para regular la producción, distribución, transporte, comercialización y consumo de la cannabis.
Y así como no es posible prohibir manifestaciones de la naturaleza como huracanes, temblores y tsunamis, tampoco es posible impedir manifestaciones de la naturaleza humana como lo es su debilidad por el alcohol, el tabaco, las drogas y el juego, por citar sólo algunas. Sean o no legales siempre habrá quien las vaya a consumir y otros que se las van a surtir.
La alternativa a no hacer nada o a reaccionar, es entrarle al toro por los cuernos. Esto implica actuar como lo hizo el gobierno del presidente Peña Nieto para enfrentar el meteoro Patricia que azotó a nuestro país hace un par de semanas. Ahí hubo anticipación, cultura de protección civil, preparación, información metereológica y un trabajo de concientización con la población expuesta al huracán. Se vio un gobierno proactivo, donde distintos secretarios de la administración pública federal fueron desplegados a varios estados para asegurar la coordinación con los tres órdenes de gobierno. El resultado fue saldo blanco y daños materiales que pudieron minimizarse y que podrán atenderse. Esta fórmula la puede ahora aplicar el Estado mexicano para, en su caso, legalizar la marihuana.
Sin embargo, el Estado mexicano va atrasado y por eso reacciona con una posición defensiva. Se necesitan datos para tener un debate serio y profundo. En el caso de la cannabis el rezago del quehacer gubernamental se ha hecho evidente: la última encuesta sobre adicciones es la que publicó la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) de 2011. En contraste, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que le da seguimiento al uso de anfetaminas, éxtasis, cannabis, cocaína, opiáceos y opioides, publicó en su informe de 2015 que en el mundo hay aproximadamente 246 millones de usuarios, de los cuales 27 millones son usuarios con problemas. Entre la población de 15 a 64 años hay una prevalencia de uso problemático de alrededor del 5.2% y una prevalencia de uso de drogas ilícitas de 0.59%. Las tendencias al alza son la marihuana y opioides, y el número de usuarios de marihuana que requieren tratamiento va al alza. La cannabis es la que más se usa en prisiones. La cocaína sigue siendo la principal preocupación en América Latina. No hay un remedio simple y rápido para la dependencia de drogas. Es un problema de condición crónica, donde las personas afectadas permanecen vulnerables de por vida y que requieren de un tratamiento continuo y de largo plazo.
Es contraintuitivo legalizar la marihuana. El mal mayor es la prohibición y el mal menor, que sería legislar para regular y ordenar, no es sinónimo de promover su consumo. Permite al Estado disponer de mejores instrumentos para intervenir a favor del bienestar de la población y ganarle la batalla a una de las líneas de negocio del crimen organizado. La vía de la prohibición o la legalización en el caso de la marihuana, cada una tiene consecuencias. Y esas consecuencias, si se van a asumir, necesitan estar muy bien documentadas para proceder y atender un problema que a todos nos afecta. Tendrá que haber campañas de prevención y atención a la población vulnerable que son niños y jóvenes. Todo esto tiene un costo fiscal que recae sobre toda la sociedad.
Lo más afortunado de esta decisión de la SCJN es que nuestra democracia y equilibrio de poderes gozan de cabal salud.
Economista.
@jchavezpresa
